Así figura en los diferentes convenios que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha firmado este viernes con todos ellos, a quienes ha agradecido que hayan aceptado este "reto", que permitirá que estos colectivos puedan realizar los distintos cursos mediante los que se obtendrá la certificación que habilita para cada uno de esos procesos. Una demanda explicitada ya en el Pacto por la Caza que se firmó entre todas las partes el pasado mes de mayo, en el que recogía esa "necesidad".
La titular de Desarrollo Sostenible, que ha valorado que, según la certificación obtenida, también se promoverá el empleo y que haya personas que puedan obtener un trabajo en el sector, ha subrayado que esta formación "sea en sostenibilidad" porque ello será "garantía de que vamos a seguir favoreciendo una temporada de caza con suficiencia y con especies que pueden aportar a este magnífico deporte dentro del ámbito de la región".
El convenio, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye un comité de seguimiento con cada una de las organizaciones, que tendrán que presentar antes del mes de diciembre su planificación anual a fin de empezar los cursos en 2024. Una vez superados los cursos, se harán los correspondientes exámenes, que serán teóricos y prácticos, y se desarrollarán bajo la tutela de la Consejería, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Cada uno de los tres ámbitos formativos tendrá un temario específico, con una parte teórica y práctica. En el caso de la obtención de la licencia de caza y la habilitación en métodos de captura homologados la formación será de 20 horas y para los vigilantes de caza será de 30 horas. La cualificación tendrá una vigencia de cinco años en el caso del control de predadores y de vigilante de coto de caza.
Mercedes Gómez ha valorado que este convenio servirá para que haya más cazadores en la región, teniendo en cuenta que este ámbito ha sufrido "muchos cambios" tanto en la población como en sus necesidades, ayudándoles en su formación y cualificación. Además, ha hecho hincapié en la recuperación de la figura del vigilante de coto de caza, que fue eliminada en la Ley de Caza de 2015, y que el Gobierno regional recuperó.
