El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión, además de una multa de 24 meses con una cuota diaria de 12 euros. Asimismo, reclama que los procesados indemnicen a los titulares de los derechos vulnerados, en una cantidad que será determinada durante el proceso judicial.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían actuado con la intención de obtener beneficios económicos mediante la reproducción ilícita de obras protegidas por derechos de autor. Utilizaban equipos informáticos para escanear o fotocopiar los libros, almacenando los archivos digitales para su posterior impresión y venta al público. Esta actividad habría generado un perjuicio económico considerable a los propietarios legales de las obras.
