Hoy se ha puesto la primera piedra simbólica de una promoción de 234 viviendas de Precio Tasado de la cooperativa Greenhabitat en el barrio de Aguas Vivas de Guadalajara
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, presente en el acto junto a otras autoridades, se ha comprometido a dar “un trato preferencial” a Guadalajara en la tramitación de nuevas zonas residenciales en el marco de un futuro plan general”, pero, ha matizado, “que tiene que hacerse amparado también por modificaciones puntuales más cortas en el tiempo, mucho más ágiles que nos permitan estar construyendo miles de viviendas en el entorno de Guadalajara y en la capital en los próximos años”.
El consejero ha pedido la cooperación institucional en referencia la Ayuntamiento de Guadalajara y ha hecho un llamamiento a superar la confrontación política.
Ha apuntado que en el este de Guadalajara podrían levantarse 10.000 viviendas en los próximos años.
Por su parte la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, también ha insistido en la colaboración entre administraciones y público-privada poniendo en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento para impulsar la vivienda.
Ha subrayado que Guadalajara se ha convertido en un referente en vivienda protegida, al señalar que una de cada tres viviendas que actualmente se construyen en la ciudad pertenece a esta modalidad.
También ha señalado que la ciudad arrastra un desequilibrio entre la oferta y la demanda debido a la falta de suelo residencial y defendió el modelo cooperativo como una fórmula que facilita el acceso a viviendas de calidad.
Por su parte, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido ha apelado a la responsabilidad de todas las administraciones para dar solución al problema de la vivienda. Ha dicho que la administración autonómica ha sacado un abanico de medidas fiscales, legislativas, normativas y propositivas, y que se está responsabilizando y haciendo todo lo que está en su mano. Y ha advertido que las administraciones locales tienen que asumir el desafío que tienen hoy siendo conscientes de que la tramitación de un plan de ordenación municipal tarda entre cinco y 10 años.
