Proyectos que consisten en mejoras de infraestructuras y de los servicios que se prestan en los municipios. Un 25% del total de contrataciones se reserva para personas en riesgo de exclusión social. Un 7% es para discapacitados y además el objetivo es que el 55% de los contratos en localidades de más de 3.000 habitantes sean para mujeres.
Otra novedad, según ha explicado la delegada provincial de la Junta, Carmen Olmedo, es que las personas que se beneficien del Plan de Empleo tendrán la obligación de participar en un programa de inserción laboral.
Además, se amplia el plazo de ejecución de los proyectos hasta septiembre de 2.022. Un plan histórico como ha dicho Olmedo porque es la mayor cuantía que aportan Junta y Diputación. El presidente de esta última administración, José Manuel Caballero, ha manifestado que se trata de un plan que es de justicia social y que también va a tener incidencia en la economía provincial porque los 34 millones de euros van directos al consumo.
Recuerda que para los ayuntamientos este Plan de Empleo tiene coste cero ya que la Diputación aporta 6 millones de euros adicionales para sufragar los gatos derivados de la Seguridad Social de los contratos.
Caballero asegura que la mayoría de los ayuntamientos van a tener el doble de inversión y de contrataciones que el año pasado y ha pedido a los alcaldes del Partido Popular que pidan el libro de agradecimientos a la Junta por hacer un plan de empleo con tantos recursos.
