A menos de seis días para despedir 2017, algunos acreedores consultados hoy por Efe han señalado que esperan con interés el auto de adjudicación definitivo de la venta del aeropuerto, que el juez aseguró el pasado 17 de noviembre que se produciría antes de que concluyese el año.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, que gestiona el concurso de acreedores del aeropuerto de Ciudad Real, realizó estas afirmaciones en una audiencia pública, en la sala de vista del Juzgado, en la que explicó con detalle, a todas las partes interesadas, la situación actual de la venta.
El juez Ordóñez señaló entonces que el proceso de venta del primer aeropuerto privado de España se estaba retrasando por la "complejidad" en la elaboración de la escritura notarial, pero indicó que "iba bien" y "saldría adelante".
El magistrado subrayó también que, una vez que estuviera terminada la escritura de venta, emitiría el auto, momento en el cual la empresa deberá hacer frente al 80 por ciento del pago de la infraestructura como se estableció en el auto de adjudicación del mes de abril de 2016.
También advertió de que, hasta ese momento, la empresa adjudicataria no tiene por qué hacer frente al pago del aeropuerto de Ciudad Real.
A preguntas de los periodistas, aseguró también que, si CRIA no hiciera frente a ese pago en ese momento, "concluiría el proceso venta" y la empresa perdería los casi siete millones de euros que lleva invertidos en la infraestructura aeroportuaria.
Una vez efectuado el pago del 80 por ciento del importe total del aeropuerto, se llevaría a cabo, según el juez, la firma de la escritura notarial de compraventa de la infraestructura, que es donde finalmente han surgido los problemas que han impedido hasta ahora concluir la venta del aeropuerto.
El proceso final de la venta terminaría con el pago del 20 por ciento restante del precio ofrecido, 14 millones de euros, en un nuevo plazo de tiempo que fijaría de nuevo el juez, en otro auto judicial.
Tras ello, dictaría el auto final de adjudicación y cancelación de cargas y se daría por finalizado un proceso, que comenzó en diciembre de 2013 cuando, tras entrar en concurso de acreedores en junio de 2010 la empresa que lo construyó.