La consejería de Roberto Media da a los propietarios de estas viviendas con sentencia de derribo un plazo de 15 días para decidir entre dos opciones: una vivienda alternativa o una indemnización. El Gobierno de Cantabria quiere cerrar el proceso y poner fin a la agonía de los vecinos. A partir de ahora, queda por buscar una solución definitiva para otras 124 viviendas en Argoños y 78 en Piélagos.
La semana pasada el Supremo ratificaba la ilegalidad del PORN, el plan de ordenación de los recursos naturales de Las marismas de Santoña que abrían la posibilidad de legalizar parte de las viviendas con sentencia de derribo. Finalmente se esfumaba la posibilidad, habían pasado dos años desde que se recurrió al Supremo, y por lo tanto, se iba perdiendo más tiempo para dar cumplimiento al convenio que ha firmado el actual ejecutivo con los afectados. O se les da una vivienda alternativa o se les indemniza. El consejero de ordenación del territorio Roberto Media no quiere eternizar un problema "que no tiene solución" a estos 120 propietarios. Arranca el proceso para dar una solución a estos afectados y " es una prioridad para el gobierno" .
El presidente de AMA Antonio Vilela no ocultaba su tranquilidad por la agilidad con la que el gobierno quiere actuar, aunque cree que se debiera hacer lo mismo con los afectados de las otras 124 viviendas afectadas que están pendientes de una sentencia en el TSJ que en su opinión dejará las cosas igual.
Derribar todas las viviendas afectadas en Argoños e indemnizar a los propietarios costará 50 millones de euros a las arcas publicas.
