Cinco colectivos afectados por distintos Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) en Cantabria han decidido organizarse en una coordinadora común para compartir información, apoyarse mutuamente y plantear una estrategia conjunta frente a este tipo de actuaciones.
La nueva organización reúne a colectivos vinculados al PSIR del polígono de Laredo, al complejo turístico Olucas Surf Center en Ribamontán al Monte, a Bosques de Santander, al polígono Federico Cobo y el centro de proceso de datos previsto en el entorno de la ría de Solía y al parque empresarial de Las Excavadas, entre Tanos y Cartes. A ellos se suman otros movimientos sociales que han mostrado su apoyo a la iniciativa.
Durante su presentación, los colectivos han reclamado como primera medida la paralización de los PSIR actualmente en tramitación. Su planteamiento, sin embargo, pretende ir más allá de cada uno de los proyectos concretos: quieren promover una modificación de la normativa para limitar el uso de esta figura a actuaciones que respondan, a su juicio, a un verdadero interés regional.
“No solo buscamos parar los proyectos que nos afectan directamente o que afectan a nuestros compañeros. Queremos un cambio legal para que nadie más tenga que sufrir esta arbitrariedad”, ha señalado Alba Chocán, representante de la asociación de vecinos contra el PSIR Bosques de Santander.
Una crítica común pese a las diferencias entre proyectos
Las plataformas reconocen que cada PSIR tiene características y afecciones diferentes, pero consideran que existen elementos comunes suficientes para coordinar su respuesta.
Entre las cuestiones planteadas durante la comparecencia aparecen las expropiaciones de terrenos, los cambios en el uso del suelo, las afecciones sobre viviendas y actividades económicas o los posibles impactos ambientales y sobre las infraestructuras de los municipios.
Uno de los argumentos más repetidos ha sido el rechazo a que terrenos valorados inicialmente como suelo rústico puedan ser expropiados para después integrarse en desarrollos urbanísticos o industriales. Borja Fernández, secretario de la asociación de afectados por el PSIR de Laredo, ha cuestionado precisamente esa diferencia de valoración y ha denunciado que, en su caso, se plantea pagar alrededor de 15 euros por metro cuadrado por terrenos próximos a la playa Salvé y a la autovía.
Desde La Mancha Gris, su representante, José Antonio Lavín, ha centrado sus críticas en el centro de datos Altamira y el futuro polígono Federico Cobo. En el caso de Olucas Surf Center, Gloria Viadero ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones como el abastecimiento de agua, los accesos, el tráfico o la cercanía a espacios de valor ambiental.
Preparan propuestas legales y posibles movilizaciones
La coordinadora acaba de constituirse y todavía no ha cerrado todas sus próximas actuaciones. Sus integrantes aseguran que ya trabajan en una propuesta de modificación legal y estudian también futuras movilizaciones conjuntas.
El objetivo es mantener reuniones y definir una línea común que permita trasladar sus reivindicaciones al Gobierno de Cantabria y al conjunto de los grupos políticos.
La constitución de la coordinadora ha recibido también respuesta del Ejecutivo autonómico. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha asegurado que el Gobierno respeta el derecho de los ciudadanos a asociarse y manifestar su posición, aunque ha defendido que los proyectos deberán continuar los procedimientos establecidos en la legislación.
“Todo el mundo puede asociarse, puede llevar a cabo las cuestiones que considere oportunas”, ha señalado Media, antes de añadir que “la ley se respeta, guste o no guste”.
En el caso concreto de Olucas Surf Center, el consejero ha descartado su paralización en este momento y ha señalado que, una vez declarado su interés regional, deberá superar los posteriores trámites ambientales, urbanísticos y sectoriales antes de determinar si finalmente puede ejecutarse.
