El documento recoge muchas de las reivindicaciones de los profesionales como la posibilidad de transmitir la licencia por jubilación o la ampliación de licencias por un periodo temporal para cubrir picos de demanda en los municipios. Lo que no se ha podido definir, porque depende de un cambio normativo a nivel nacional, es el número de licencias por población que pueden tener los ayuntamientos.
El objetivo es otorgar seguridad jurídica y unificación de criterios para que todos los ayuntamientos tengan las mismas reglas. Destaca una exigencia y un derecho. Se obligará a los consistorios a contar con una licencia que de servicio a personas con movilidad reducida, podrán ampliar el numero de taxis en servicio en momentos puntuales del año por picos de demanda, y una larga reivindicación a la que se da respuesta; se podrá transmitir la licencia por jubilación.
En total, serán 500 profesionales que funcionarán bajo los mismos criterios, en todos los ayuntamientos y con los mismos requisitos para acceder a la licencia. Eso sí, los consistorios los deberán introducir en sus ordenanzas municipales. Lo que no ha podido incluirse es el nuevo número de licencias por habitante que podrán tener los ayuntamientos. Depende de una aprobación por parte del gobierno central y se espera contar con ella en enero. En Santander, ahora mismo hay en un taxi por 700 habitantes. El gremio pide 900.
