La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso interpuesto por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y anulado la tasa turística del municipio de Mogán, que cobraba 0,15 euros por pernoctación.
La sentencia, hecha pública este lunes, declara la ordenanza nula de pleno derecho e impone al Ayuntamiento el abono de las costas del proceso judicial, con un importe máximo de 3.000 euros. El magistrado valora el esfuerzo del Ayuntamiento por luchar contra el cambio climático pero al mismo tiempo reprocha que se use la figura de una tasa, que se "desnaturaliza", cuando lo que se plantea realmente es un impuesto que se "camufla" para aumentar la recaudación municipal. En esa línea indica que se usan expresiones "ambiguas, imprecisas, genéricas y eminentemente abstractas" para justificar la implantación de la tasa por lo que concluye, "no sin cierto pesar", en que se deba anular la tasa. "No hace falta decir mucho más para afirmar, de modo categórico, que el tributo impugnado, atendiendo a sus elementos esenciales, así como a determinadas deficiencias de la propia ordenanza que lo implantó, ha desnaturalizado la figura de la tasa, resultando asimismo patente que el municipio, sin duda con buena fe, ha pretendido hacer uso de la sedicente tasa ecológica como una forma de obtención de recursos económicos", resume.
La patronal, satisfecha
La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha expresado su conformidad con la sentencia que anula el impuesto turístico a la pernoctación aprobado por el Ayuntamiento de Mogán, una resolución que viene a respaldar el planteamiento jurídico y de fondo sostenido por la patronal desde el inicio del procedimiento. Esta decisión judicial, además, considera que es una "buena noticia" para el sector y para la población canaria en general, que también se veía "perjudicada" por el encarecimiento derivado de dicho impuesto a la hora de disfrutar de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros del archipiélago. La FEHT subraya que su recurso "nunca respondió a una confrontación institucional", sino a la necesidad de defender la seguridad jurídica y la equidad en la carga tributaria que soporta el sector. La Federación entendió desde el primer momento que la figura creada por el consistorio no podía considerarse como una tasa en sentido jurídico, "sino que actuaba materialmente como un impuesto, al gravar la mera pernoctación en establecimientos turísticos sin que existiera una prestación concreta de un servicio público que justificara ese cobro".
