El documento va en línea de los anteriormente entregados por el grupo, al centrar su análisis en las numerosas facturas que fueron expedidas por Aizoon por encargos que nada tenían que ver con la actividad de la mercantil, y con los que el magistrado busca averiguar si los Duques de Palma utilizaron su sociedad como 'tapadera' para beneficiarse de los ingresos ilícitos procedentes de Nóos para destinarlos a sus gastos particulares.
Entre los datos aportados hasta ahora por la Policía, consta cómo los Duques cargaron a Aizoon la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal, todo ello por un total de 139.000 euros.
El matrimonio llegó a adquirir así a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de su empresa, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra 'little flowers' por 3.450, un 'pouf' de cuero por 968, diez sillas 'masai' de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.
El magistrado reúne de este modo nuevos datos que apuntan a que mediante las salidas de fondos que se realizaron de Aizoon para destinarlos a gastos particulares, el matrimonio se habría se habría beneficiado a través de su empresa de los ingresos presuntamente ilícitos que recibió la misma procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de Aizoon.
Y es que, según apuntan los investigadores, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos -en virtud de los convenios que éste suscribió con las Administraciones Públicas- no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.
Con todos los datos reunidos, relativos a un periodo total de cinco años, y los que restan por presentar por parte de la Agencia Tributaria, el juez quiere esclarecer así si la hija del Rey Don Juan Carlos habría incurrido en un delito de blanqueo de capitales a través de Aizoon, una de las mercantiles del entramado empresarial de Urdangarin y su exsocio Diego Torres que habrían recibido fondos ilícitos del Instituto Nóos.
De este modo, en base a todos los datos recibidos el juez Castro decidirá si acuerda la imputación de la Infanta por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a las acusaciones, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya se opuso recientemente al posible encausamiento de la Duquesa.
De hecho, el propio tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que dejó sin efecto la imputación de la Infanta por su papel como vocal del Instituto Nóos, dejó las puertas abiertas a que se la investigase por presunto delito fiscal o blanqueo por cuanto el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio.
Es más, el juez incorporó a la causa el pasado mes de octubre la información remitida por una entidad bancaria según la cual fueron traspasados desde Aizoon hasta un total de 150.000 euros que fueron a pasar a una cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarin y autorizada la Infanta Cristina.
