Por un lado, ha situado el proyecto socialista centrado en "la defensa de los derechos, las pensiones y la vivienda pública", y por otro, el modelo de "retroceso social que impulsan el PP y la extrema derecha", el cual, según ha criticado, fue defendido este lunes por Alberto Núñez Feijóo en Palma.
La cabeza de lista socialista ha reivindicado este martes los avances sociales impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de protección social y ha recordado que el sistema público de pensiones dispone de una garantía legal aprobada en 2021 que asegura su revalorización anual, lo que ha permitido un aumento sostenido de las prestaciones en los últimos años.
Armengol ha criticado que Feijóo no aprovechara su visita a Baleares para explicar la propuesta "real" del PP sobre el futuro de las pensiones públicas y ha advertido de que el líder de la oposición continúa sin aclarar si comparte posturas que "apuestan por debilitar el sistema público en favor de modelos privatizadores". Según ha añadido, cualquier medida en esta dirección "incrementaría las desigualdades y afectaría a los colectivos más vulnerables".
En materia de vivienda, la candidata ha defendido la gestión de los anteriores gobiernos del PSOE en Calvià, en el Consell de Mallorca y en el Govern en lo relativo a la promoción de vivienda de protección pública. Asimismo, ha lamentado que las políticas desarrolladas en este ámbito "hayan quedado paralizadas" bajo los ejecutivos del PP.
"Lo que dejó claro ayer Feijóo es que hay dos modelos perfectamente diferenciados", ha señalado Armengol. Por un lado, ha contrapuesto "el modelo que apuesta por ampliar derechos, reforzar el estado del bienestar y garantizar oportunidades para todo el mundo" frente al modelo que representa el PP, al que acusa de estar "alineado con la extrema derecha, que cuestiona conquistas sociales consolidadas y plantea recetas que significan volver atrás en materia de derechos e igualdad".
Por ello, la socialista ha defendido que las elecciones del 29 de noviembre serán decisivas para determinar si España y las Islas "continúan avanzando en la protección de las pensiones, el derecho a la vivienda y la cohesión social, o si, por el contrario, se abre la puerta a políticas que pongan en riesgo estos avances logrados durante los últimos años".
