El PP de Palma reclama la dimisión de Ferrer

La reacción del PP se produce después de que la Agencia de Protección de Datos haya sancionado con 30.000 euros a la SMAP por ese motivo.

La portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, ha señalado que la citada información "además de ser confidencial, se demostró que era falsa, y prueba de ello es que tuvo que ser rectificada al día siguiente"

Durán ha apuntado, según ha informado su partido en una nota, que ella y el resto de concejales de su grupo municipal presentaron hace un año una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos para que este organismo "dirimiera si sus derechos a la intimidad y la privacidad resultaron vulnerados a consecuencia de la investigación ordenada por el concejal, Joan Ferrer".

La información facilitada recoge las entradas y salidas de vehículos en los aparcamientos de la SMAP.

Según Durán la filtración de esos datos privados a los medios de comunicación, "entró de lleno en un terreno expresamente restringido en la actual normativa sobre protección de datos, y vulneró derechos fundamentales de los concejales, algo que se reconoce con la sanción que recientemente hemos conocido".

La portavoz del PP ha anunciado que su grupo presentará una proposición urgente al próximo pleno en la que exigirá la dimisión del concejal Ferrer por la sanción grave que se le ha impuesto, y que se haga cargo personalmente de esta.

"Es inaceptable que los ciudadanos de Palma tengan que pagar de su bolsillo una multa por la persecución política de Ferrer hacia los regidores del Partido Popular. Lo que debe hacer es pagar la sanción de su bolsillo y dimitir de inmediato", ha apuntado Durán.

La representante del PP municipal ha denunciado la complicidad de los alcaldes Hila y Noguera en relación a la continuidad de Ferrer al frente del área de Movilidad.

"Hila ha sido cómplice hasta ahora y Noguera, si no cesa a Ferrer de forma inmediata será culpable de que una persona multada por uso indebido de información confidencial siga custodiando los datos de los palmesanos", ha asegurado.

Durán ha avanzado que el grupo municipal popular ha comenzado a estudiar el asunto con letrados para acudir a la vía civil o penal "para defender a los ciudadanos de Palma que a día de hoy ven como su datos personales están en manos de un regidor que ha sido sancionado con 30.000 euros por hacer un uso indebido de este tipo de información".