El Govern quiere un REB con las mismas ventajas fiscales que Canarias e islas de la Unión Europea

El Govern balear ha presentado hoy su propuesta de Régimen Especial de Baleares (REB) que plantea que Baleares tenga las mismas ventajas fiscales que las Islas Canarias y las islas de la Unión Europea (UE), una iniciativa que ha logrado la unanimidad de los agentes económicos y sociales del archipiélago.

El documento del Govern, que lleva por título "Hacia un nuevo REIB" (Régimen Especial de las Islas Baleares) y plantea hasta 23 medidas, prevé que en el caso de las mercaderías los beneficios para las islas puedan alcanzar los 23 millones de euros, la compensación de los hidrocarburos los 60 millones, la reducción del gasto del transporte aéreo y marítimo hasta 150 millones y 400 millones la creación de un Fondo de Insularidad.

El nuevo REB 2017, que se deberá negociar con el Gobierno central y aprobarse en el Congreso de los Diputados, se basa en cuatro principios "fundamentales": el primero de ellos es que los costes de vida de los ciudadanos de Baleares sean los mismos que los de la Península a la hora de viajar o importar un bien, es decir, que tengan las "mismas oportunidades".

El segundo principio, que las Islas Baleares tengan "las mismas ventajas" que el resto de las islas de UE, fiscales o de cualquier otro tipo.

El tercer principio es que se compense la insularidad y que Baleares tenga "las mismas ventajas" que Canarias, y el cuarto que las Islas Baleares no renuncian bajo ningún concepto a que el Estado incremente sus inversiones en las islas y mejore su actual financiación, que está por debajo de la medida de las comunidades autónomas.

Así lo han explicado hoy la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el vicepresidente, Biel Barceló, tras presentar el nuevo REB 2017 a los partidos políticos y a los representantes de los agentes económicos y sociales del archipiélago.

Respecto a la cuantificación de los beneficios que supondría el nuevo REB, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha señalado que es difícil concretar la cantidad exacta, si bien ha recordado que la Universitat de les Illes Balears (UIB) cifra en un estudio del año 2014 el coste de la insularidad en 8.000 millones de euros.

"Medir el impacto de las medidas es complicado", ha dicho Cladera, que ha recordado que la UIB cuantificó la reducción del IVA en unos 800 millones, una cantidad que podría alcanzarse.

El documento presenta cuatro ejes de trabajo, el primero de los cuales se refiere al "Transporte aéreo y marítimo": se plantea una bonificación del 75 % en todos los billetes, dentro y fuera del archipiélago, posibilidad de declaración de rutas como de Obligación de Servicio Público, compensación al transporte de residuos y descentralización y cogestión aeroportuaria.

En cuanto a "Medidas Sectoriales" se propone el subsidio del precio de la energía eléctrica y fomento de las energías renovables, compensación del sobrecoste en el transporte de hidrocarburos, becas estatales para los desplazamientos por razón de estudios universitarios, subsidio en el transporte de pacientes y familiares, y medidas compensatorias en sectores como el náutico, fijos discontinuos, vivienda y promoción cultural.

Entre las "Medidas Fiscales" figuran la reducción lineal en todos los tipos de impuestos hasta el límite máximo de la UE, reservas para las inversiones de las empresas, deducciones para las inversiones en producciones culturales y por innovación tecnológica y exención del impuesto especial en determinados medios de transporte como la matriculación de embarcaciones.

Finalmente, se plantea un "Fondo de Insularidad y de Inversiones del Estado": desarrollo y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, modernización del sector turístico, protección del medio ambiente, el litoral, la costa y las playas, la recogida y el reciclaje de residuos, así como la promoción en I+D+I y de las empresas renovables.

La intención del Govern, así como del conjunto de la sociedad civil, es que se retomen cuanto antes las negociaciones entre los gobiernos central y balear para que el nuevo REB se apruebe lo antes posible, ha reclamado la presidenta.

"Es de justicia -ha subrayado- contar con un Régimen Especial que de verdad compense las desventajas que supone vivir o impulsar una actividad económica en las islas y así lo seguiremos reclamando".

El actual REB entró en vigor en 1998 y, desde entonces, no se ha aprobado una nueva ley que sirva para paliar las carencias que padecen los ciudadanos de las islas, sus empresas y las administraciones públicas debido al sobrecoste que supone la insularidad