El Consell de Govern ha aprobado este lunes la modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 con el objetivo de endurecer las sanciones durante el nivel máximo de alerta sanitaria.
Durante el nivel 4 de alerta las infracciones consideradas leves y graves podrán pasar a ser consideradas como graves y muy graves, respectivamente, y las posibles sanciones irán desde 60.000 euros hasta 600.000 euros. También habrá la posibilidad de ordenar el cierre del establecimiento.
Esta modificación en la gradación de las sanciones se aplicará en las Islas cuando lleguen al nivel máximo de alerta sanitaria con el objetivo de incrementar el grado de cumplimiento de las medidas preventivas y contribuir así a evitar las situaciones que favorecen los contagios.
