La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado durante la IV Conferencia de Presidentes de la legislatura celebrada en Formentera la movilización de un paquete social de 15 millones de euros destinado a paliar en Baleares los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Próximo.
Prohens, en rueda de prensa, ha explicado que estas medidas complementarán el primer paquete económico de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, las pymes y los autónomos, ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.
La presidenta ha agradecido la "colaboración y lealtad institucional" de los cuatro presidentes de los Consells, con quienes ha analizado el paquete de medidas dividido en cinco bloques de actuación.
AYUDAS DIRECTAS A FAMILIAS
En primer lugar, según ha relatado, se destinarán 5,7 millones de euros a ayudas directas para familias. Entre las principales medidas destacan el incremento de las becas comedor hasta los 11 millones de euros. También habrá ayudas de hasta 1.000 euros para gastos de conciliación; la ampliación de las ayudas para libros y material escolar; el refuerzo del fondo escolar de emergencia social; el aumento en un 30 por ciento del bono social térmico y la revalorización extraordinaria del 15 por ciento de la pensión no contributiva, la renta social garantizada y la renta de emancipación.
El segundo bloque contempla una inversión de tres millones para reforzar los servicios sociales municipales, con nuevos fondos destinados a los servicios comunitarios y a la atención de familias con menores en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Govern destinará 2,35 millones de euros al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas de atención a personas con discapacidad, dependencia, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas o menores en situación de vulnerabilidad, además de ampliar los fondos destinados al programa de garantía alimentaria.
El cuarto bloque prevé 1,51 millones de euros para garantizar recursos residenciales y de vivienda dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, tales como personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, personas mayores en riesgo de exclusión social o personas con problemas de salud mental.
Finalmente, Prohens ha anunciado que el quinto bloque incluye 2,6 millones de euros destinados a medidas para agilizar la tramitación de ayudas y prestaciones sociales mediante el refuerzo de personal administrativo y el impulso de la ventanilla social única como instrumento para acercar los servicios sociales a los ciudadanos y potenciar la agilidad administrativa y las sinergias entre los servicios sociales comunitarios y los especializados, evitando los desplazamientos entre distintas administraciones que a menudo implica el acceso a los recursos.
"Son medidas concretas y cuantificadas para proteger a las familias, a los colectivos más vulnerables, a los ayuntamientos y al tercer sector", ha destacado la presidenta.
