En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Pedro Horrach deja sin embargo las puertas abiertas a que la hija del Rey Don Juan Carlos pueda ser condenada al pago de las responsabilidades civiles derivadas de haberse lucrado presuntamente de los fondos ilícitos recibidos por Aizoon, mercantil propiedad de los Duques que recibió ingentes cantidades del entramado Nóos -abastecido a su vez con los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana-.
Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha entregado su escrito, de 29 páginas, antes de que la Agencia Tributaria (AEAT) y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional incorporen a la causa los últimos datos que resta por presentar en torno a la gestión de Aizoon. Una vez esta documentación obre en poder del juez, éste consultará a las acusaciones para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar a la Infanta como imputada -paso que acaba de dar el fiscal-, para después decidir si la emplaza a comparecer en los Juzgados de Palma.
En su extenso documento, el fiscal apunta a la "inexistencia absoluta de indicios de criminalidad" por parte de la mujer de Urdangarin, a pesar de que las pesquisas apuntan a que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta, de lo que se deduciría la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales.
En este sentido, Horrach descarta que la Infanta "conociese los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, receptación, falsedades documentales y delitos contra la Hacienda Pública que son objeto de imputación a su cónyuge", por lo que no se le podría achacar ninguna actuación delictiva.
Además, asevera que ninguno de los imputados y testigos a quienes se ha tomado declaración ha citado a la Duquesa de Palma "como conocedora de las irregularidades referidas al Instituto Nóos o a su marido", y entre estos interrogatorios menciona los del asesor externo de la Casa Real, José Manuel Romero, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.
"Ni en una ni en otra declaración se habla de irregularidades y, mucho menos, de actividades delictivas", recalca el fiscal, quien asevera así que "carecería de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera expresamente su responsabilidad penal, se debería acto seguido sobreseer la causa en cuento al mismo", añade haciendo suyas las palabras que vertió el juez Castro en uno de sus autos, fechado en marzo de 2012.
