Joan Carles Rodríguez Tur, letrado de la propiedad de la finca ocupada de Casa Lola, en es Cubells, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, ha explicado en Onda Cero la situación actual del operativo que tendra que poner en marcha la Guardia Civil junto a la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sociales para desalojar a los ocupantes y ejecutar la medida cautelar acordada por el Juzgad de Instrucción Número 2 de Ibiza.
En este sentido, Rodríguez Tur ha confirmado que la fecha prevista inicialmente se ha retrasado por lo que actualmente no se conoce cuando se llevará a cabo y que se trata "de un amplio y complicado" dispositivo en el que se verán involucradas distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y funcionarios del consistorio y es que según las estimaciones de la propiedad en el lugar han podido concentrarse entre 150 y 200 personas, aunque buena parte de ellos ya se han marchado.
Al mismo tiempo, el letrado ha confirmado que la propiedad todavía no ha podido acceder a los terrenos y que espera hacerlo una vez se ejecute la orden judicial y que a partir de ese momento "la intención es evaluar los daños, eliminar posibles riesgos y adoptar medidas de seguridad para evitar una nueva ocupación" ya que según ha expliado "a tenor de las imágenes conocidas hasta ahora, esperan encontrarse enganches eléctricos ilegales, barracones y una importante acumulación de residuos".
Tanto que según Rodríguez Tur el poder recuperar la finca y devolverla a su estado anterior "podría suponer un coste de millones de euros teniendo en cuenta la dimensión de la finca y la gran cantidad de ocupantes que había", aunque también ha reconocido que todavía resulta imposible realizar una valoración precisa sin acceder a la propiedad, y al mismo tiempo, también ha asegurado que si se valoraran los daños morales y psicológicos que han sufrido los dueños y los vecinos o el desgraciado fallecimiento de un hombre en un incendio que está investigando la Guardia Civil "la cantidad podría ser incluso mucho mayor".
Sin embargo, el letrado ha explicado que la intención de los propietarios "no es reclamar los gastos" ya que la intención es volver a recuperar la finca cuanto antes y por ello ha pedido "la máxima colaboración por parte del Ayuntamiento de Sant Josep para tramitar las licencias y permisos que sean necesarios para limpiar y rehabilitar el espacio".
