El portavoz de la Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes, Daniel Busturia, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera tras conocerse la nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que vuelve a anular el plan de restauración de la cantera de Ses Planes y en este sentido ha valorado la sentencia "como un importante respaldo a las reivindicaciones vecinales", reclamando tanto al Govern balear como al Ayuntamiento de Santa Eulària "que actúen para paralizar una actividad que carece ya de cobertura legal".
Concretamente, Busturia ha recordado que los vecinos llevan más de tres décadas denunciando las molestias y el impacto de la cantera y ha explicado que el plan de restauración aprobado por el Govern balear ha vuelto a ser tumbado por segunda ocasión "porque reproducía prácticamente el documento elaborado en 1992, sin adaptarse a los cambios legislativos ni incorporar un nuevo estudio de impacto ambiental" lo que demuestra, según ha asegurado, "que la explotación ha funcionado durante años en una situación absolutamente anómala, con actividades que nunca debieron autorizarse".
Al mismo tiempo, el portavoz de los afectados por la cantera ha insistido en que la Dirección General de Industria del Govern "debe declarar clausurada la cantera al haber decaído la autorización minera" y que el Ayuntamiento "debería retirar la licencia de actividad" denunciando además que la explotación "ha generado durante años polvo, tráfico constante de camiones, riesgos para la circulación y una importante degradación ambiental, llegando incluso a ocupar terrenos ajenos al perímetro autorizado".
Por último, respecto al futuro del procedimiento, Daniel Busturia ha reconocido que todavía cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y aunque se ha mostrado poco convencido de que pueda prosperar también ha señalado que incluso una hipotética estimación "no supondría recuperar el antiguo plan, sino iniciar una nueva tramitación adaptada a la legislación vigente" y que por ello, desde la asociación confían "en que esta resolución marque el principio del final de un conflicto que afecta desde hace décadas a numerosos vecinos de la zona".
