Continúan las filas frente al Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno por el inicio del proceso extraordinario de regulación de inmigrantes. Según las previsiones, unas 17.000 personas que residen en la Comunidad Autónoma podrían legalizar su situación en nuestro territorio. Aunque el plazo concluye el 30 de junio, todos quieren cumplir cuanto antes con esos trámites.
Las colas en el consistorio son para obtener el documento de empadronamiento que certifique que llevan más de cinco meses viviendo en Zaragoza o solicitar el informe de vulnerabilidad. Los inmigrantes lamentan que este proceso no sea telemático. En cambio, en las oficinas de la Seguridad Social y en las oficinas de Correos los trámites se están desarrollando sin incidencias.
Mientras tanto, el gobierno municipal enviará un requerimiento formal al Ministerio con el que piden que aclare varios aspectos confusos del decreto de regularización de migrantes que están generando el caos en los servicios municipales.
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, insiste en que el Estado no ha facilitado medios ni información sobre el proceso. La posibilidad de que los funcionarios firmen informes de vulnerabilidad a los solicitantes puede generar inseguridad jurídica. Y tampoco se han establecido unos criterios para justificarlo. Al vincularse la irregularidad con la vulnerabilidad, los informes podrían no ser necesarios.
Críticas de JUPOL
Desde el sindicato de Policía JUPOL aseguran que el decreto contempla incluso que migrantes con antecedentes puedan ser regularizados, aunque haya un informe desfavorable. Su portavoz, Ibón Domínguez, critica que el Gobierno de España ha dejado al cuerpo fuera del proceso, pese a tener las competencias y experiencia en migración y extranjería.
Por eso, desde JUPOL consideran que será muy complicado cotejar los antecedentes de los migrantes o hacer comprobaciones sobre su solicitud. Esos documentos son fácilmente falsificables, y también aquellos para justificar la vulnerabilidad o el arraigo.
