La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que, en Aragón, ningún inmigrante ilegal cobra la Prestación Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) Sólo pueden acceder a él quienes están en situación regular en la comunidad. Desmienten así al vicepresidente, Alejandro Nolasco, que anunció ayer la reforma de la Ley que la regula para dejar fuera a esas personas.
El sector VOX del Gobierno también busca endurecer las condiciones de acceso a esa ayuda pública entre los migrantes en base a la prioridad nacional. El gerente de la Asociación de Directoras y Gerentes, Gustavo García, recuerda que eso entraría en conflicto con la normativa estatal, que tiene prioridad. “Pueden decidir aumentar que lleven uno o dos años el tiempo que sea cotizando” para el acceso a las ayudas “pero si se implantan esas medidas no sólo serán para migrantes regules, también para españoles porque la Ley estatal reconoce a unos y otros los mismos derechos”, dice.
García considera que la norma actual no deja ninguna puerta abierta e insta a Nolasco a demostrar que los ilegales cobran la PACIMV con datos. Recuerda que sólo el 25% de estas pagas son percibidas por inmigrantes legales y reconoce que el anuncio de Nolasco ha generado “mucha preocupación” en su sector.
Desde la oposición también han cargado contra la medida anunciada por el vicepresidente de VOX. La diputada del PSOE, Mónica Iglesias, asegura que Nolasco miente de forma deliberada ya que ningún inmigrante ilegal puede acceder a esa ayuda según la normativa vigente.
