El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, pide “unidad” a todas las formaciones políticas para que salgas adelante. El objetivo es que “Andalucía deje de ser noticia por la corrupción”, ha dicho. Es más, Marín añade que “el fraude ha superado los 6.000 millones de euros” durante los gobiernos socialistas y ha recordado que dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de cientos de altos cargos, “han sido procesados por defraudar”. Sindicatos, colegios profesionales, universidades, CGPJ, Fiscalía de Andalucía, Ministerio de Justicia y hasta 65 entidades, organismos y organizaciones realizaron sus aportaciones durante el trámite de audiencia para la elaboración del texto, que el 11 de noviembre recibió el informe preceptivo del Gabinete Jurídico, el 11 de diciembre las alegaciones del CES y acaba de ser remitido al Consultivo para la última valoración antes de que llegue al Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento.
El Anteproyecto de Ley contempla la creación de la Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción, adscrita al Legislativo para dotarla de la máxima autonomía e independencia y a la que se atribuyen potestades de investigación e inspección, de oficio o mediante denuncias presentadas por procedimientos y canales que aseguren la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes. Para su protección, la norma contempla el derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias con un marco de protección específico para los empleados al servicio del sector público andaluz, incluida la posibilidad de solicitar un traslado provisional a otro puesto del mismo nivel. La norma contempla medidas específicas para prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, mediante la creación de una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción, “adscrita a este Parlamento porque no puede ser que el Gobierno fiscalice al propio Gobierno”. Será dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable, y estará integrada por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.
