Podemos ha recurrido en alzada el acuerdo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía con el objetivo de frenar la venta del inmueble y los terrenos del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de San Miguel Alto, situado en la ciudad de Granada.
La formación morada ha dado a conocer esta decisión tras mantener una reunión informativa con la plataforma vecinal Albayzín Habitable, en un contexto de creciente preocupación por el futuro urbanístico del entorno.
El portavoz de Podemos en Granada, Salvador Soler, ha criticado con dureza la operación al afirmar que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.
Recurso contra la venta del CIMI de San Miguel Alto
El recurso presentado solicita la paralización inmediata de la licitación y la exclusión del inmueble de la subasta, al entender que la Junta de Andalucía pretende desprenderse de un bien público con alto valor social, urbano, paisajístico y patrimonial sin justificar adecuadamente su destino.
Podemos sostiene que el edificio podría tener usos alternativos de carácter público, como fines sociales, culturales, educativos, vecinales o dotacionales, en lugar de su posible venta a operadores privados.
El inmueble cuenta con una parcela de aproximadamente 1.660 metros cuadrados y cerca de 958 metros construidos. Actualmente figura como Equipamiento Comunitario SIPS-Religioso, aunque la formación alerta de un posible cambio urbanístico en tramitación.
Según el recurso, el Plan Especial ARR-01 Cerro de San Miguel, incluido en el PEPRI Albaicín, contemplaría su transformación a uso hotelero, algo que para Soler supondría “regalar valor público a manos privadas”.
¿Se está vendiendo el inmueble antes de consolidar su cambio de uso? Esa es una de las principales preguntas que plantea el recurso, que denuncia la posible existencia de una expectativa urbanística que incrementaría el valor del activo.
Podemos denuncia un posible impacto urbanístico y económico en el Albaicín
Podemos advierte de que la operación no afecta únicamente a un edificio en desuso, sino a un inmueble situado en un enclave estratégico cuyo valor podría aumentar notablemente en el futuro.
El partido reclama que la Administración explique por qué se procede a la venta antes de que el posible uso hotelero esté aprobado de forma definitiva, y si la tasación actual incorpora esa futura revalorización.
Las cifras de salida de la subasta también han sido cuestionadas: 2.524.077 euros en la primera licitación y 1.893.057,75 euros en la segunda, según recoge el recurso.
Para la formación, esta operación podría permitir que una plusvalía generada por decisiones públicas termine beneficiando a un operador privado en lugar de revertir en la ciudadanía andaluza.
Soler ha contextualizado el caso en un escenario de “fuerte presión turística en Granada, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte”.
El dirigente ha criticado que la posible conversión del antiguo centro público en un hotel de lujo refuerce un modelo urbano basado en la explotación turística de enclaves sensibles, en detrimento de vivienda, equipamientos públicos y servicios para residentes.
Finalmente, Podemos alerta de que, si se confirmaran irregularidades como omisión de informes, perjuicio al patrimonio público o uso desviado del planeamiento urbanístico, podrían derivarse responsabilidades administrativas, contables e incluso penales.
