La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente del Granada CF, Enrique Pina, conocido como Quique Pina, a dos años y medio de prisión por cinco delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF entre 2012 y 2016. El tribunal considera probado que dejó de ingresar 2.858.215,20 euros y condena también a su hermana, Elena Pina, a la misma pena como cooperadora necesaria. La sentencia aplica a ambos la atenuante de dilaciones indebidas y puede ser recurrida.
Además de la pena de prisión, ambos deberán responder de forma solidaria ante la Agencia Tributaria por los 2,85 millones de euros defraudados y afrontar multas de 1,4 millones de euros. Los hechos juzgados corresponden a los años en los que Pina era presidente del Granada CF y desarrollaba también actividades relacionadas con la gestión de clubes y la representación e intermediación de futbolistas.
Quique Pina no presentó el IRPF entre 2012 y 2015
La sentencia considera probado que Quique Pina no presentó las declaraciones del IRPF correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015. En el caso del ejercicio 2016, presentó la declaración en marzo de 2018, después de su detención y de los registros practicados en su domicilio y en sus sociedades, y con datos que, según el tribunal, no se correspondían con los reales.
La resolución atribuye a Pina ingresos procedentes de diferentes actividades vinculadas al fútbol profesional: su labor como gestor de clubes, su relación con el Granada CF y su actividad como representante e intermediario en contratos de futbolistas.
La cantidad que, según la sentencia, dejó de ingresar a Hacienda asciende exactamente a 2.858.215,20 euros. De esa suma, 524.404,28 euros corresponden al ejercicio 2012; 195.656,24 a 2013; 645.753,36 a 2014; 441.251,49 a 2015 y 1.051.149,73 euros a 2016.
El tribunal considera que utilizó sociedades para ocultar ingresos
Uno de los elementos centrales de la sentencia es el uso de las sociedades Calambur Intermediaciones y Quique Sport. Según la Audiencia Nacional, Pina utilizó estas empresas para ocultar los rendimientos obtenidos por sus actividades profesionales y evitar que fueran declarados como ingresos personales sujetos al IRPF.
El tribunal considera además que su hermana Elena Pina actuó como cooperadora necesaria de la actividad defraudatoria. A través de Calambur, según la resolución, se canalizaron ingresos y se abonaron determinados gastos personales y familiares que no fueron incluidos en sus declaraciones como retribuciones, pagos en especie u otros conceptos sujetos a tributación.
La sentencia señala también que en esta sociedad se adscribieron tres vehículos de lujo y un yate de casi 24 metros de eslora, apreciando una confusión entre el patrimonio personal de Pina y el de la empresa.
El yate y los 300.000 euros procedentes del Granada CF
Entre los bienes analizados por los magistrados figura un yate de casi 24 metros, que fue puesto a nombre de Calambur. Según la resolución, parte de su adquisición se habría financiado mediante la entrega de otra embarcación y con 300.000 euros procedentes de una cuenta bancaria del Granada Club de Fútbol.
La sentencia considera que el mecanismo utilizado permitió canalizar la tributación a través del Impuesto de Sociedades, en lugar del IRPF que, según los magistrados, correspondía a los rendimientos obtenidos personalmente por Pina. La resolución compara los tipos impositivos aplicables y sitúa ahí una de las claves del ahorro fiscal que, según el tribunal, pretendía conseguir.
Pina fue presidente del Granada CF entre 2009 y 2016
Quique Pina presidió el Granada CF desde finales de 2009 hasta junio de 2016, etapa en la que el club regresó a Primera División. Durante esos años también desarrolló su actividad como representante e intermediario de futbolistas y estuvo vinculado a la gestión de clubes.
La sentencia conocida ahora se refiere específicamente a los cinco ejercicios fiscales comprendidos entre 2012 y 2016 y establece una responsabilidad solidaria de Pina y su hermana por los 2.858.215,20 euros que el tribunal considera defraudados.
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
