El Ayuntamiento de San Fernando llevará al próximo pleno ordinario la renovación de la bonificación del 70 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas públicas en alquiler social cuya gestión corre a cargo tanto de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo isleña (Esisa), como de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta de Andalucía. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha puesto de relieve que “el Consistorio prorroga por cuarto año consecutivo esta medida de carácter social que tiene como objetivo beneficiar y mejorar la situación de las familias con recursos más limitados y escasos recursos que son las adjudicatarias de estos arrendamientos, y que son las que peor lo están pasando”. Cavada ha cuantificado el importante impacto de esta medida, que va a aliviar las cargas impositivas a un total de 502 familias, de las cuales 227 residen en viviendas que son gestionadas por Esisa, mientras que otras 275 lo hacen en inmuebles viviendas propiedad de AVRA.
Del mismo modo, la regidora ha resaltado que San Fernando es una de las pocas ciudades de la provincia de Cádiz que aplica esta medida, y ha recordado que ya el anterior gobierno de la Junta de Andalucía reclamaba en su momento a los ayuntamientos que tienen viviendas sociales que aplicaran esta bonificación a las familias residentes en el parque público en alquiler, una petición que solo algunas pocas localidades han atendido hasta la fecha. La medida propuesta por el equipo de gobierno pasará estos días por comisión informativa y se llevará el próximo pleno ordinario de este mes. En concreto, lo que se tramitará es la declaración de actividad de especial interés o utilidad pública municipal y bonificación del IBI 2021, lo que puede hacerse en aplicación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según la cual los ayuntamientos pueden regular, mediante ordenanza, la bonificación de un porcentaje de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.
“Esta bonificación se hace en beneficio de las familias que residen en alguna de las viviendas del parque público y que, precisamente, son adjudicatarias de estos inmuebles al contar con ingresos reducidos y tener rentas más ajustadas. Este Gobierno se comprometió a aplicar y a mantener esta medida, una más de corte social, que tiene una repercusión directa en la calidad de vida de las personas, que ya no están obligadas a hacer frente de forma íntegra al pago de este impuesto”, ha afirmado Cavada.
