Tanto el primer edil como el responsable de Urbanismo habrían autorizado "verbalmente" en 2014 unas obras "con pleno conocimiento de la ilegalidad" de las mismas
Fiscalía sostiene que los acusados "llevaron a cabo las obras a sabiendas de que se asentaban sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural" y que de que "se estaba burlando el contenido de la licencia y de que no eran autorizables las mismas".
Las obras se encontraban en marcha cuando los agentes del Seprona denunciaron la actuación para la que el acusado "había solicitado formalmente licencia" destinada, en este caso, al "adecentamiento de vallado" cuando en realidad, había realizado "casi de forma completa unas obras que excedían ampliamente de su solicitud sin que hubiese resuelto su petición el Ayuntamiento".
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía pide para el alcalde y el edil una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios.
