En la resolución, la jueza califica de contradictoria la petición del Barça, ya que el actual presidente del club, Joan Laporta, en abril "afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club".
La causa se investiga por los presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil, por los presuntos pagos irregulares del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.
La jueza instructora, que también ha prorrogado el secreto de las actuaciones un mes y ha aceptado la personación como acusación popular de un particular que se querelló contra Laporta y otro expresidente, ha asegurado que de esa comparecencia "no se desprende la existencia de daño patrimonial alguno para el club".
