El gobierno se va a tener que deshacer en explicaciones después de la decisión de entrar con 2.000 millones en el capital de Telefónica. Primero a los españoles. Contarles si, dado como tenemos la contabilidad nacional es necesario gastarse ese dineral teniendo en cuenta que hay mecanismos como el escudo anti opas para evitar que estados extranjeros se queden con empresas españolas.
Segundo, a la Unión Europea a la que hoy mismo le pedimos otros 10.000 millones de euros más en ayudas y querrán saber si una parte se irá a estas operaciones empresariales.
Tercero a los trabajadores que, ahora que están negociando un ERE, querrán saber si las condiciones van a cambiar. Y por último, al propio Bin Salmán, jefe máximo de Arabia Saudí, y su fondo soberano que entró en Telefónica y al que no sólo no consideramos como una amenaza. El gobierno le brinda a él y a su enorme patrimonio un recibimiento propio de un sultán cada vez que pisa España.
