• Oriol Junqueras i Vies siempre ha sido independentista. De Esquerra. Está en primera línea política desde hace diez años. Nunca tuvo ningún problema con la justicia. Hasta 2017.
• Carme Forcadell Lluis siempre ha sido independentista. De Esquerra. Hace 16 años ya era concejal en Sabadell. Luego dirigió tres años la Asamblea Nacional Catalana. Nunca tuvo que pisar un juzgado. Hasta 2017.
• Carles Puigdemont Cacamajó siempre ha sido independentista. Lleva casi cuarenta años siéndolo. Era de los independentistas de Convergencia, el partido de Jordi Pujol que iba de moderado. Fue alcalde de Girona cinco años. Y diputado autonómico desde 2006. Nunca le denunció por nada la fiscalía. Hasta 2017.
• Pere Aragonés i García siempre ha sido independentista. Hace 16 años ya era portavoz de las Juventudes de Esquerra. Desde hace trece es diputado autonómico. Fue secretario general en la consejería de Economía del gobierno catalán. Hoy ejerce de vicepresidente de ese gobierno. No está procesado. No va a ser juzgado. Y es tan independentista como el resto de los independentista.
El juicio que en dos horas comienza en el Tribunal Supremo no es un juicio ni al indepenedentismo ni contra el independentismo. Hay infinidad de militantes de partidos independentistas que no están acusados de nada. Salta a la vista. Como no estuvieron acusados de nada los doce procesados que hoy se sientan en el banquillo mientras no se produjeron los hechos y las actuaciones de 2017. Los hechos y las actuaciones de estas doce personas y las otras siete que están expatriadas por voluntad propia, los huídos que serán juzgados si alguna vez regresan a España. Por supuesto no es un juicio contra Cataluña, por más que la prensa independentista (la agitación independentista) se esfuerce en alimentar la hispanofobia. O la Madrid-fobia. Madrid, la capital del Estado represor. "Tiene su riesgo viajar a Madrid estos días", decía ayer el señor Torra. Pues no. A Madrid acuden miles de personas cada día y nadie les coloca unos grilletes ni las lleva a prenderles fuego en una pira de la plaza mayor.
Madrid es la sede de un tribunal que a partir de hoy juzga hechos. Hechos y actos de personas concretas.
Nunca habría llegado un juicio como éste si en septiembre de 2017 la mayoría independentista del parlamento catalán, amparándose en la voluntad popular como si ésta pudiera ignorar el marco legal, no hubiera aprobado leyes inconstitucionales, a sabiendas de que lo eran.
La ley de transitoriedad jurídica, aquella tapadera chapucera que pretendió dar apariencia de legalidad a un proceso insconstitucional y cobertura a un referéndum ilícito. Nunca habría llegado un juicio como éste de hoy si Puidgemont no hubiera abusado de su poder para convocarlo.
Nunca habría llegado un juicio como éste si, amparándose en un referéndum ilícito que en modo alguno podía reflejar voluntad ni mandato popular alguno, la mayoría independentista del Parlamento catalán no hubiera proclamado el nacimiento de un nuevo estado llamado República Catalana.
En el ejercicio de un derecho inexistente, la autodeterminación, y expropiando a la mitad de Cataluña y al resto de los españoles su derecho a decidir sobre dónde empieza y dónde termina España.
Nunca habría llegado un juicio como éste, en fin, de no haber respondido la fiscalía general del Estado a los hechos ocurridos en Cataluña y a los actos de los cargos públicos del gobierno y la presidencia del Parlamento catalán, con la denuncia que formuló en octubre de 2017 el fiscal general José Manuel Maza.
Este juicio que comienza en dos horas es el desenlace de aquella denuncia y de la investigación judicial a que dio lugar, la de Llarena. Y también, de la doctrina que sobre la existencia de violencia en el proceso de secesión (y por tanto, del delito de rebelión) hizo suyo el juez instructor y la sala que ha ido resolviendo la multitud de recursos que en estos meses han ido presentando las defensas.
Un juicio no es ni a favor ni en contra de los procesados. Un juicio es la forma de establecer si cometieron, o no, los delitos de que están acusados. No hay delito alguno en ser independentista. Sí lo hay en desobedecer al Constitucional.No hay delito alguno en aspirar a la autodeterminación. Sí lo hay en actuar como si ya existiera promoviendo la secesión. El tribunal que juzga dirá si hubo violencia, si hubo rebelión, si sólo conspiración, sólo sedición, sólo desobediencia o si no hubo delito alguno.
El juicio que enseñará al mundo la verdad, ha escrito Junqueras. Pues adelante con ello. Que se vea todo lo que tenga que ser visto y que lo vea, íntegro, todo el que quiera verlo.
A las doce comienza el debate de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Se hace la sorprendida Adriana Lastra, portavoz del grupo socialista, porque Esquerra y el PDeCAT no se los apoyen.
Pues menuda sorpresa. Al independentismo no sólo no le importan los intereses generales de los españoles, señora Lastra, es que trabajan para conseguir que esos intereses sean vulnerados. De eso va la autodeterminación. Y no es creíble que el grupo socialista se haya enterado en estas semanas. Mire esta declaración de Joan Tardá. Es del mes de julio.
Julio de 2018. Si la condición es renunciar a la autodeterminación, no hay diálogo posible. Esto que el gobierno presenta como una novedad del viernes pasado —que no renuncian— fue el punto de partida de la negociación. Por supuesto que no renuncian. Es que la negociación para ellos sólo es eso: dar cobertura legal a la autodeterminación, punto. Bonvehí, del PDeCAT, ayer mismo.
¿Cómo es posible que durante meses los partidos independentistas hayan tenido la impresión de que el gobierno estaba dispuesto a explorar este camino?
Después de mezclar la cuestión catalana con los Presupuestos del Estado, ahora ha empezado el presidente a jugar la carta de la fecha de las elecciones generales. El asustaTorras. Mira que convoco a los españoles en abril y te arriesgas a que gobiernen Rivera y Casado. Que fuera la agencia Efe quien soltara ayer esta hipótesis de elecciones el 14 de abril no ayuda a disipar la sospecha de que el presidente airea la inminencia electoral para presionar a sus socios. O antiguos socios. O lo que sean. Y también, que ni la fecha ni nada de lo que está pasando guardan relación alguna con el interés general del país.
Si los independentistas se creyeran al CIS irían de cabeza a las elecciones. Si Podemos creyera que de verdad hay una mayoría social apabullante que comulga con la alianza de la moción de censura, le estarían suplicando a Sánchez que convoque mañana. Si el propio Sánchez se creyera a su encuestador de cabecera, Tezanos, estaría deseando revalidar ya en las urnas esa mayoría social que la vicepresidenta Calvo tiene diagnosticada. Y, sin embargo, la convocatoria de elecciones se usa para poner de los nervios al independentismo.
En contra de lo que ayer dijo Adriana Lastra (reescribir la historia reciente se ha convertido en deporte) no es verdad que este gobierno siempre haya tenido claro que si palma en la votación de Presupuestos habrá, por supuesto, elecciones generales. Al revés, Sánchez amagó primero con no presentar siquiera el Presupuesto a la cámara. E hizo saber después que puede seguir gobernando decreto a decreto manque pierda. Sólo en el último mes se ha ocupado de difundir la idea de que si Podemos o los independentistas le dejan tirado, habrá elecciones. Y en esto, en efecto, está cargado de razón. Si el presidente no tiene al Parlamento de su lado para sacar adelante su principal proyecto político, el presidente habrá de asumir que carece de ese respaldo, obrar en consecuencia y pedir a los votantes que le den los escaños de que hoy carece.
Visto así, la votación de Presupuestos de mañana no es una moción de censura a Sánchez pero sí es una cuestión de confianza. Y la llave, para disgusto de Casado y Rivera, siguen sin tenerla ellos. La llave la tienen Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
