"Los 'baby boomers' podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más", dijo ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El revuelo tras esta declaración fue tal, que la patronal y sindicatos se apresuraron a desmentir que haya ningún acuerdo en la reforma de las pensiones que supongan "meter tijera" a las pensiones de los nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970. En la rueda de prensa de hoy para presentar los datos del paro, el Escrivá ha rectificado sus palabras: "Ayer no tuve el mejor día y no transmití esa certidumbre al hablar de algo que aun está por definir".
España invierte alrededor del 10% de su PIB para financiar las pensiones, cuando la media europea está en el 13,2%. Las proyecciones dicen que estaremos en torno al 16% en el 2050, lo que pone de manifiesto su insostenibilidad. Madina explica que cuando España estaba entrando en la democracia tras la muerte de Franco, había una tasa muy alta de pobreza relativa entre las personas mayores de 65 años. Hasta la actualidad, la caída de la pobreza relativa en ese sector dela población en España es la más significativa de todos los países europeos, "lo que quiere decir que la sociedad española ha hecho un gran esfuerzo de solidaridad y que el sistema de Seguridad Social ha sido eficiente en la reducción de pobreza", sostiene Madina. Por ello, defiende el cuidado de este sistema que es "un gran estabilizador de paz social y pobreza".
Madina considera que la solución no reside en reducir el poder adquisitivo de los 'baby boomers', "creo que hay que tocar la financiación de los ingresos y hay que establecer figuras impositivas que financien un sistema fundamental para nuestro país y la democracia". Para Borja Sémper el asunto de las pensiones siempre es "una patata caliente"para todos los gobiernos que tienen que afrontar su sostenibilidad. Sin embargo, espera que el acuerdo entre los diferentes agentes sociales y el gobierno se produzca en verano.
Armonizar el impuesto de sociedades para grandes multinacionales
Los diferentes gobiernos de la OCDE han acordado establecer un suelo del impuesto de sociedades que sea del 15%, con el objetivo de que ningún país pueda cobrar a las empresas por debajo de esa tasa y de este modo evitar que tengan sus sedes en países con beneficios fiscales.
Edu Madina sostiene que la armonización fiscal tiene una lógica aplastante: "Esto debe ser una buena noticia hasta para el liberalismo político". Por su parte, a Sémper le preocupa que los impuestos sean razonables y preferiblemente bajos. Además, duda que el factor impuestos sea el único determinantepara establecerse en un país, sino que también están otros como la seguridad jurídica, la calma política o la formación de los empleados del mercado laboral.
Madina, al contrario, muestra su desacuerdo diciendo: "Todo eso, la formación de gente y las infraestructuras, se paga con impuestos que pueden financiar la inversión en educación o sanidad.Una sociedad más sana y más educada, es una sociedad más productiva y competitiva y, por tanto, más apetecible para la inversión exterior".
