Naturalmente que hay razones para la tormenta. Hay por lo menos dos grandes razones. Una es que el castellano es el idioma oficial del Estado español. Como tal idioma oficial del Estado tiene el mismo derecho que los demás idiomas cooficiales a ser vehicular en la enseñanza. Y los poderes públicos tienen la obligación de defenderlo, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la simple lógica.
La libertad consiste en que el alumno y su familia pueda elegir el idioma en que se forma, pero hay que garantizar el ejercicio de esta libertad. Se podrá discutir el porcentaje de clases que se dan en gallego, catalán o eusquera, como se lleva años discutiendo. Se podrá discutir en qué asignaturas. Se podrá discutir todo, menos suprimir el idioma castellano o cualquier otro de los hablados en la nación. Y si alguno se suprime, como al parecer se pactó para el castellano entre Esquerra, el PSOE y Podemos, no es que sea una concesión al independentismo: es claramente anticonstitucional.
La segunda razón es que se haya llegado a esto con oscurantismo, sin transparencia, y como supuesto pago por el voto de Esquerra a los Presupuestos. ¿Qué mercadeo es este? ¿Qué tendrá que ver la enseñanza y el idioma con las cuentas públicas? Si finalmente se confirma, ¿qué porcentaje hay de chantaje en la exigencia de Esquerra? ¿Qué cantidad hay de debilidad en la cesión del gobierno? Chantaje y debilidad son la peor mezcla que puede existir para la buena gobernación.
