OPINIÓN

Monólogo de Alsina: "Si hay elecciones en otoño, el nuevo parlamento que surja puede aliviar la precariedad del gobierno socialista"

El fuego. Descontrolado. Arrollador. Devastador. Destructivo. El fuego que aterra al ser humano cuando se manifiesta en toda su potencia explosiva. Y letal. El fuego en Grecia. La mayor tragedia del verano.

Ondacero.es

Madrid | 25.07.2018 08:03

El testimonio de los supervivientes en Mati, la ciudad costera arrasada por las llamas. El incendio les empujó hasta el mar y gracias al mar pudieron salvar sus vidas. Los que pudieron salvarse.

Este señor que cuenta que “la situacion es catastrofica, sobre todo en Mati. Su esposa y sus hijas han podido salir ilesas, pero no así dos mujeres que murieron en sus manos”.

O esta señora…

…que cuenta cómo miró “detrás de mi casa y vi el fuego. Avanzando. Era como el in-fierno. El infierno”.

El infierno que consumió la vida de ochenta personas. O más de ochenta, porque hay decenas de casas que aún no han podido ser inspeccionadas. Viviendas destruidas en las que se teme que haya aún más cadáveres.

"Parece que algunos se conocían porque se los ha encontrado en grupos", contaba ayer el portavoz de la Cruz Roja, "de tres o cuatro, podrían ser amigos o familiares, personas que trataron de protegerse unas a otras".

Después de la tragedia llega —siempre es así— la controversia política. La exigencia de responsabilidades al gobierno de la nación. No porque sea culpa suya que arda la península de Ática, sino por los errores, las carencias, las negligencias que siempre acaban apareciendo.

La evacuación de los vecinos.

Los muertos que lo han sido porque no alcanzaron a entender, o nadie les hizo ver, la gravedad del riesgo en el que estaban.

Los medios, los recursos para afrontar una multiplicación de focos como la que se ha producido.

La proliferación de casas levantadas irregularmente en zonas de difícil acceso.

De todo eso tendrá que responder el gobierno de Alexis Tsipras en el Parlamento de su país. Como tuvo que hacerlo el gobierno de Portugal el año pasado. Como tuvo que hacerlo el gobierno de Galicia.

Ser portavoz de gobierno es ofrecer la cara cada día para que la prensa te la parta.

Con esa impresión abandonaron el puesto muchos de los predecesores de Isabel Celaá, la veterana parlamentaria vasca que reclutó Pedro Sánchez para su gobierno acelerado. Ya está pudiendo comprobar la señora Celaá, en este mes y medio que cumple en el cargo, la punta que podemos llegar a sacarle los medios a cualquier cosa que diga o que no diga. Ella preferiría que nos fijásemos, seguro, en sus propuestas para mejorar la educación, la educación y la formación profesional, que por primera vez aparece en el título del ministerio de enseñanza. Pero en esto está empatada con su antecesor, Méndez de Vigo. Si te nombran portavoz del gobierno, eres tú misma la que eclipsa a la ministra que llevas dentro. Nadie te aplaudirá el día que portavocees bien. Medio país te lo reprochará el día que tengas un patinazo.

Lo de ayer no consta que lo fuera. Ayer le preguntaron a la ministra por el asunto que estábamos comentando en las tertulias de la mañana. Que si su jefe Pedro Sánchez, en vista de que el PP pretende maniatarle con el techo de gasto en el Senado y que Puigdemont pretende agarrarle no por las manos, sino por parte más dolorosa, en el Congreso, si su jefe Sánchez se plantea convocarnos a todos a las urnas para que elijamos en otoño un parlamento nuevo.

¿Y qué respondió la portavoz Celaá?

Pues que no. Pero lo dijo de tal manera que pareció que estaba diciendo que sí.

Nadie está pensando en adelantar las elecciones. Pero si otros lo están pensando por él, pues igual consiguen que las adelante.

Con toda su buena voluntad estaba transmitiendo Celaá un mensaje, un aviso, a este Puigdemont tan gallito que teledirige desde Waterloo no sólo a su partido en Barcelona sino a los ocho diputados que tienen en el Congreso. Este Puigdemont que hizo decir a su nueva delegada en Madrid, Miriam Nogueras, que el apoyo de sus ocho diputados al gobierno Sánchez ha subido este fin de semana de precio.

Nadie va a resistir más allá de lo razonable porque sería absurdo. Defina usted ‘razonable’. Defina ‘resistir’. Cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar el gobierno por los ocho diputados puigdemónicos.

Ser portavoz es una faena porque te pueden preguntar los periodistas por cualquier cosa. Mucho mejor ser ministro de Exteriores, que sabes que te preguntaremos sólo por la política exterior y por Cataluña.

Si eres José Borrell estás más acostumbrado a que se te pregunte por Cataluña y por los límites de la negociación con el independentismo. Y en rigor, lo que dijo ayer Borrell no es distinto de que trató de decir Isabel Celaá.

El aviso a Puigdemont: no crea que la cuerda es elástica porque si la tensa demasiado le puede rebotar en la cara. Es verdad que Sánchez necesita de los ochos puig-peones del Congreso para aprobar cualquier cosa, tan cierto como que si hay elecciones en otoño el nuevo parlamento que surja puede aliviar la precariedad del Partido Socialista, puede rearmar el bipartidismo y puede alumbrar, pasado ya el trance de las urnas, nuevas alianzas entre partidos que hoy no quieren ir juntos ni a tomarse un café porque hay elecciones autonómicas, y municipales y europeas, a la vuelta de menos de un año.

No esté tan crecido Puigdemont, que ocho diputados de 350 son sólo ocho diputados y que él, por bien que le estén saliendo las cosas, sigue siendo un expatriado procesado.

Si hay una palabra que se le reprochó en su momento a la portavoz del gobierno fue “afortunadamente”, ¿se acuerdan? Aquel viernes que le preguntaron qué valor le daba el gobierno a las grabaciones del comisario Villarejo a Corina Larson.

Se le escapó la lectura que íbamos a hacer todos del afortunadamente. El alivio del gobierno porque Corinna no hablaba del rey de ahora. La preocupación del gobierno por lo que sí hablaba sobre el rey de antes.

Tres días después de esta declaración (no consideramos las grabaciones) el ministerio de Defensa anunció que el director del CNI comparecería en el Congreso para contar lo que sabe sobre las grabaciones que hicieron Villarejo y Villalonga, los doble uve, a la ex amante de don Juan Carlos.

Hoy comparece, como recordó ayer la portavoz del gobierno.

Es verdad la primera parte de lo que dice Celaá: el director del CNI, general Sanz Roldán, comparece hoy en la comisión de secretos. Una plaza que ya conoce y en la que suele torear con eficacia.

No es verdad la segunda parte: los grupos parlamentarios ya tienen decidida su postura sobre la comisión de investigación independientemente de lo que diga el general. Podemos quiere comisión, Esquerra también, Ciudadanos nunca la apoyará, el PP tampoco y el PSOE encontrará la manera de no apoyarla sin que parezca que ha dejado de ser republicano.

El Estado invoca su razón de mayor peso —la razón de Estado— y la mayoría parlamentaria en este asunto la forman socios distintos a los de la moción de censura. En esto de los secretos del Estado la mayoría la constituyen el PSOE, el PP y Ciudadanos.

Tampoco es un secreto que Unidos Podemos (en esto sí tiene protagonismo Alberto Garzón, lo que va quedando de IU) desea la comisión parlamentaria para tener una plataforma permamente desde la que procurar la erosión no del rey jubilado, sino del rey de ahora y de la institución monárquica. Está en su derecho la izquierda anti monárquica en promover, por los medios legítimos del debate democrático, el debilitamiento de la corona. Si aspiran a ganar apoyo social en favor del cambio de régimen es lógico que se pongan a la tarea. Siempre que eviten la tentación de atribuirse ya una mayoría que no consta que hoy exista. No parece que el cambio de sistema esté entre las prioridades de la mayoría de la sociedad española. No, desde luego, a la vista de las encuestas y a la vista del eco que encontraron las manifestaciones que promovió Izquierda Unida aprovechando la abdicación del rey de antes.