Érase una vez un ministro de Hacienda, hombre poderoso, al que irritaba sobremanera que se le criticara en un programa de radio. Irritado, contrariado y convencido de que el poder le daba carta blanca, convocó en su ministerio a los responsables del programa y de la cadena que lo emitía. Ejerció, por supuesto, toda la presión que pudo para intentar que el programa se volviera complaciente con él y con su gobierno, que aplaudiera cada noche sus decisiones y lo celebrara a él como el hombre que estaba arreglando España.
"Tenlo en cuenta", la advertencia de Montoro a Alsina
Primero invocó las oportunidades de negocio que se abrirían en el país gracias a su sabiduría y su acierto innegable: oportunidades de negocio, dijo, para aquellos que remen a favor, del gobierno, se entiende. Y visto el éxito, cero, que obtuvo su apelación cambió de táctica e invocó lo contrario. El castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro. Fracasado de nuevo en su labor coactiva, aquel hombre poderoso perdió los nervios, y perdió los papeles, y le espetó (tuteando) al responsable del programa de radio denostado: "Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes?, yo decido el IVA del libro digital y no creo que los accionistas de tu grupo editorial les guste que se lo suba, tenlo en cuenta".
que entendía el poder como una vía para premiar favores, beneficiar a afines y castigar a quien no tragara no hace falta que se esfuerce el juez en demostrarlo
El ministro se llamaba Cristóbal y se apellidaba Montoro. El programa de radio tenía nombre de aguja imantada y su responsable se llamaba Carlos. Han pasado trece años. Ignoro en qué quedará la causa judicial que instruye un juez de Tarragona por presunto trato de favor a empresas gasistas del ministerio de Hacienda en los tiempos de Montoro. Sospecha el juez que estas empresas obtuvieron reformas legales favorables pasando primero por caja del despacho de abogados -más bien lobby- que había fundado el ministro en el tiempo en que fue ex ministro de Aznar y antes de volver a ser ministro con Rajoy. Veremos cómo sigue la causa y que será de Montoro, hoy imputado. Pero que entendía el poder como una vía para premiar favores, beneficiar a afines y castigar a quien no tragara no hace falta que se esfuerce el juez en demostrarlo.
Que el PSOE, 2025, cree haber encontrado en esta causa -hasta ayer sin apenas repercusión mediática- la forma de empatar el partido de la corrupción de sus altos cargos también está fuera de duda. Sólo hay que ver al ministro Puente, de formación abogado, preguntándose si enviarán a prisión preventiva a Montoro en un ejercicio bastante tosco de sembrar la sospecha sobre la fiscalía anticorrupción, que es quien pidió prisión para Santos Cerdán, y sobre la instrucción del caso que afecta de lleno al ministerio de Fomento de la era Sánchez, es decir, a José Luis Ábalos. El caso sobre el que el ministro actual sentenció, tan aventurada como prematuramente, que no albergaba sombra de sospecha sobre las adjudicaciones de obra pública porque él mismo había examinado el listado y el papeluco que al juzgado había aportado Víctor de Aldama. Que también estuvo en prisión, por cierto, sin que al ministro le incomodara tanto, parece, como el encarcelamiento de Cerdán, ex camarada.
El día va de ministros de Hacienda. Antes Montoro, hoy Montero.
La AIReF y su informe contra Montero
Agradable no debe de ser. Que te pases el día presumiendo de lo mucho que trabajas y venga la autoridad a decirte que tienes tu tarea desatendida. Agradable no debe de ser. Que seas la vicepresidenta uno del gobierno de España -poca broma-, andes de aquí para allá en actos de partido o propagandísticos (otra agenda no se le conoce desde hace semanas) colgándote a ti misma la medalla al mérito en el trabajo…y venga la autoridad competente, en concreto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a afearte la falta de diligencia y el abandono en el que tienes tus tareas primordiales. Que son presentar el plan económico que permita cumplir este año las reglas que ya incumpliste el año pasado; presentar el plan presupuestario que aún le debes a las instituciones europeas; y presentar, por supuesto, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes a primeros de octubre como muy tarde.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (o Airef) no es una institución muy conocida por el común de los españoles, sospecho. Pero su falta de impacto popular no resta un gramo de importancia a los exámenes que realiza.
Precisamente porque ése es su papel, examinar, y por su condición de independiente. La Airef es la institución que desde hace once años, estrenada en su día por José Luis Escrivá y con raíz nítidamente europea, examina a los gobiernos autonómicos y al gobierno central para verificar que cumplen, o que incumplen, con las reglas de estabilidad presupuestaria a las que están obligados. Como se da por hecho que los gobiernos siempre hacen exámenes segados, interesados y muy favorables a sí mismos, este examinador externo se ocupa de chequear los datos y sacar conclusiones.
muy bien parada no sale la vicepresidenta Montero de su examen de selectividad
Y su conclusión es que en 2024 incumplieron las reglas tanto la admnistración central como las autonómicas y que, al paso que vamos, este año las volverán a incumplir. Más allá de las estimaciones y los números concretos, lo sustancial es el reproche que hace al gobierno central -sólo hay una ministra de Hacienda- por dejación de funciones: no presentó Presupuestos ni para 2024 ni para 2025 y ya va retrasada en el calendario para los de 2026. De propina, se lamenta la Airef de lo limitada que es la información que ha facilitado el gobierno -información, no eslóganes- sobre la inversión en Defensa y su impacto presupuestario. ¿Resumen? Que muy bien parada no sale la vicepresidenta Montero de su examen de selectividad. En su descargo habrá que decir que está tan ocupada haciendo oposición en Andalucía, contentando a Salvador Illa, toreando a Esquerra, sospechando de sabotajes en el Ave, consolando a su presidente decaído y borrando cualquier recuerdo de sus elogios de Santos Cerdán que es natural que no le quede tiempo para ejercer de ministra de Hacienda. Aunque ése sea el cargo por el que percibe un salario público.
La rebelión de los inspectores de Hacienda
No es un buen día, hoy, para la vicepresidenta. Se le han rebelado los inspectores de Hacienda -la asociación que reúne a siete de cada diez inspectores- por la confusión que ha generado con la financiación singular de la España plural y la disposición a dejar en manos de la Generalitat de Cataluña la recaudación de todos los impuestos. Es la primera vez que los inspectores piden a María Jesús Montero que se vaya.
La tormenta sobre Hacienda arrecia. No sólo no surge una sola voz nueva que celebre la financiación singular y plural y bilateral y multilateral y solidaria y ordinal, sino que cada día aparecen voces nuevas que rechazan el plan del presidente. El último socialista en pronunciarse ayer, uno que fue responsable de Hacienda en los primeros gobiernos de Felipe antes de hacer carrera en Europa y ser ministro de Sánchez. O sea, José Borrell.
Un dislate y un engaño. Porque concierto es, aunque se le ponga otro nombre. No es la primera vez que Borrell lo dice. Pero ya se ve que lo mantiene pese a la propaganda gubernativa. Todo será que salgan sus antiguos colegas, que tanto le quisieron, a acusarle a él también de haberse hecho de derechas.
Los discursos del PP y PSOE sobre inmigración
Una encuesta reciente de Metroscopia refleja que la mayoría de los españoles tiene enormes prejuicios sobre los inmigrantes marroquíes. También sobre los subsaharianos. Y bastante menos sobre los latinos que vienen de América, los asiáticos que vienen, sobre todo de China, y sobre todo, los europeos. Éste es el dato, directo y que escuece: tres de cada cuatro españoles considera negativo para que vengan ciudadanos de Marruecos a ganarse la vida aquí. El porcentaje es abrumador entre los votantes de Vox, 96%, y entre los del PP, 85%. Pero también es mayoritario entre los votantes del PSOE, 58%. Sobre la población procedente de Marruecos y otros países africanos pesa la idea preconcebida de que no desean integrarse. Y también, la de que España hace bien poco para conseguir que la integración se produzca.
Al rebufo de la algarada anti inmigrantes alimentada por organizaciones ultras, los dos partidos políticos principales, conocedores de cómo respira el personal, han subrayado el mensaje de que la inmigración es positiva y es necesaria -Sánchez hizo un muy buen discurso sobre este asunto en el Parlamento hace meses- pero añadiendo que es también positivo y necesario que las entradas sean controladas, es decir, limitadas. Aunque el PSOE y el PP jueguen estos días a exagerar sus diferencias, el uno para achacar al otro xenofobia, el otro para achacar al uno el manido efecto llamada, en esencia están predicando lo mismo.
Feijoo predicó ayer, alérgico a los matices, que el inmigrante sin papeles que delinca debe ser expulsado de España.
¿Endurece Feijóo su discurso?
Dijo reportado pero quería decir deportado. Da igual el delito que cometa, al parecer, sea grave o sea leve, y dan igual las circunstancias en que esa persona se encontrara. Dicen las crónicas que endurece su discurso. Pero es que hace ahora un año fue Sánchez, quien estando en Mauritania, sostuvo que había que expulsar de España no ya a quien delinquiera, sino a quien careciera de papeles en regla para residir aquí.
La inmigración irregular identificada con las mafias y la delincuencia para concluir que hay que devolver a quienes están en situación irregular. Habrá que celebrar que un año después no haya emitido este mismo mensaje, tan opuesto al proyecto de facilitar papeles, o facilitar la regularización, al medio millón de personas que residen aquí, trabajan aquí y están dispuestos a tributar aquí, pero no encuentran la forma de salvar los obstáculos que se les ponen para adquirir la condición de residentes regulares.
El Gobierno ha impulsado un nuevo reglamento de extranjería que ha sido criticado por las asociaciones de ayuda a los inmigrantes por limitar las concesiones de asilo. El gobierno tiene pendiente dar solución a los menores no acompañados que llevan meses en Canarias, incluidos los que han solicitado el asilo. Y el Gobierno, y los grupos parlamentarios, mantienen atascada en el Congreso la iniciativa popular para regularizar a quinientas mil personas que viven entre nosotros desde hace años. Avanzar en la normalización de quienes ya llegaron, y hacerlo resuelta y rápidamente, es la asignatura pendiente que, con Torre Pacheco o sin Torre Pacheco, nunca han terminado los partidos de aprobar.
