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OPINIÓN

Monólogo de Alsina: "Junqueras y Puigdemont se presentaron a las elecciones sólo por el aforamiento a posteriori"

Desde hace veinte horas, Cataluña tiene un presidente condenado por haber cometido un delito. Es decir, un presidente delincuente y en ejercicio. Esto nunca antes había sucedido.

Carlos Alsina
  Madrid | 20/12/2019

Es otra innovación que el partido de Puigdemont ha aportado a la vida política catalana. En cualquier otra comunidad autónoma, un presidente se quita de en medio no ya cuando lo condenan, sino antes, cuando resulta procesado. En Cataluña, el condenado se atornilla al butacón, presume del delito cometido y utiliza al Parlamento autonómico como escudo humano.

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Sostiene la criatura de Puigdemont que un tribunal no es quien para inhabilitarle a él. Dónde se habrá visto que un tribunal decida qué puede hacer un diputado elegido por el pueblo. Salvo… que el tribunal sea europeo y le haya dado la razón a un independentista. Entonces sí, entonces no hay voz más autorizada para dar y quitar habilitaciones que un tribunal.

El señor Torra podría atender al criterio que expuso ayer (y expuso bien) el abogado de Junqueras, Van der Eynde.

Lo que opinen las partes no es concluyente. La última palabra la tiene el tribunal al que le corresponde. Eso vale para el señor Torra (que condenado y todo piensa seguir en el machito) y para el señor Junqueras, cuyo abogado tendrá ocasión ahora de pedir que se anule el juicio en el que fue condenado alegando que el Tribunal de Luxemburgo ha establecido que debió permitirse a su defendido salir de prisión para ejercer de eurodiputado. Pero como el propio abogado admite, al final será el Supremo el que establezca qué toca hacer ahora, no las partes. Ni la defensa, que pedirá nulidad, ni la fiscalía, que pide que se ejecute ya la inhabilitación, ni la abogacía del Estado, que aún no se sabe lo que pide.

Se lo están mirando, dijo ayer la señora Calvo. Vicepresidenta de Pedro Sánchez. Mientras Esquerra urgía al gobierno a ordenar ya a la abogacía que se sume a la petición de nulidad como precio para seguir negociando la investidura. Lo dice la portavoz de Junqueras en su idioma, el Vilaltañol.

O la abogacía se retrata al lado de la defensa de Junqueras o a Sánchez lo dejan colgado de la brocha. En cualquier otra circunstancia, en cualquier otra negociación política, en cualquier otro lugar, que un partido político exija con este desahogo al gobierno del país que ponga la abogacía al servicio de su causa se consideraría obsceno. A estas alturas, sin embargo, y en nuestro país, nadie se inmuta. El gobierno dice, bajito, y sin ánimo de molestar a Junqueras, que una negociación entre partidos no puede incluir a la abogacía del Estado pero en Esquerra no se dan por aludidos. Por alguna razón han asumido que está enésima exigencia es tan asumible para el PSOE como todas las anteriores.

De lo que diga el Tribunal Europeo –-les contaba ayer a esta misma hora-- dependerá que Junqueras siga cumpliendo condena, que Puigdemont pueda moverse por Europa sin que nadie le detenga, que haya o no haya elecciones anticipadas en Cataluña y que salga o no salga adelante el matrimonio entre el PSOE y Esquerra.

Pues en eso estamos veinticuatro horas después. En ver qué efectos acaba teniendo esta sentencia relevante que, primero, sienta doctrina sobre cuándo empieza a ser diputado un candidato elegido por el pueblo; y, segundo, resuelve que el Tribunal Supremo de España debió haber permitido a Oriol Junqueras salir de prisión preventiva para ejercer como eurodiputado y sólo después haber solicitado al Parlamento Europeo el permiso para seguir adelante con el juicio en el que estaba encausado.

Esto es lo que dice la sentencia.

Y lo que no dice es que el juicio fuera político, ni que se persiguiera a Junqueras por ser independentista, ni que haya que anular el proceso, ni que deba ponérsele en la calle mañana mismo. No dice que esté mal condenado y no dice, por tanto, que Oriol Junqueras no cometiera un delito grave llamado sedición. Cometerlo, lo cometió. Dos años antes de ser eurodiputado y sin que tenga nada que ver su actuación delictiva de entonces con la actividad en Estrasburgo, que es para la que está concebida la inmunidad y el suplicatorio.

Junqueras es eurodiputado, según la doctrina de Luxemburgo, desde el 13 de junio. El juicio del procés quedó visto para sentencia un día antes. Luego se le debió permitir que saliera de prisión y todo eso, pero nada de eso cambia ni las pruebas ni los testimonios que se valoraron en el juicio y que condujeron a su condena.

La principal conclusión de lo que ya ha pasado es que la treta urdida por los abogados de Puigdemont y Junqueras ha funcionado. Se presentaron a las elecciones sólo para esto, el aforamiento a posteriori, el privilegio de que no puedan ser juzgados sin permiso de los diputados europeos, y eso es lo que han conseguido. Es una burla al sistema parlamentario y a su esencia, ingeniería legal si usted prefiere, pero para eso cobran los abogados. Que hayan conseguido su condición de eurodiputados no supone ni que todo lo anterior quede enterrado ni que vayan a quedar los delitos sin castigo. Es un revés para el Supremo español (otro) y es una victoria evidente para las defensas. Pero la victoria en la añagaza no presupone, ni de lejos, la inocencia.

Y por cierto, es notorio que aquel clamor que una vez existió en nuestro país contra los aforamientos y la protección especial de que gozan los parlamentarios ha desaparecido. Hoy el independentismo celebra que haya aforamientos.

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