Preguntó la niña pequeña a su madre cuando iban camino del estadio: "Mamá, ¿cuál es la diferencia entre una aficionada y una hincha?" "Pardiez", pensó la madre, "qué fino hila esta niña". "¿Por qué me lo preguntas?", preguntó a su vez la madre, ganando tiempo. "Porque Ethan dice que yo soy una aficionada, pero que Andrea es una hincha".
"Ah, ¿y por qué crees que dice eso?", siguió la madre, que era experta en interrogatorios porque había trabajado de fiscal veinte años. "Pues supongo", dijo la niña, "que es porque cuando pierde nuestro equipo yo digo que, a lo mejor, nos lo hemos merecido y Andrea, que nos han robado el partido". "¿Andrea siempre cree que el árbitro va en contra nuestra?""Siempre no, sólo cuando perdemos". "¿Y cuándo ganamos?""Dice que se ha hecho justicia".
Ya estaban llegando a la puerta del estadio -se escuchaba el rugir de los espectadores coreando sus cánticos (era partido de champions)- cuando la madre se encontró con un compañero de trabajo, tan aficionado como ella, llevaba bufanda con los colores del equipo y vuvucela. "¿Cómo lo ves?", preguntó el amigo, en referencia al partido.
"No muy bien", dijo ella, "viendo quién nos ha tocado de árbitro, raro será que salgamos vivos". "Mamá", exclamó entonces la niña, "no seas tan hincha". El amigo sonrió y le dijo a la madre: "¿Y esto?" "Ya ves", respondió, "la niña, que me ha salido moderadita".
De entre todos los fiscales aficionados al fútbol que hay en España, que son miles, el más conocido (a su pesar) responde al nombre de Julián Salto y hoy está convocado en el Tribunal Supremo de España. No para sentarse en el banquillo -de los acusados, que no de los suplentes- sino para relatar, como testigo, aquella noche futbolera en que fue instado por su superior la fiscal Rodríguez a abandonar el estadio Metropolitano y ponerse urgentemente a la tarea de hacerle llegar el correo electrónico en el que un abogado, de nombre Neira, le proponía negociar un acuerdo para pactar la sanción penal a su cliente en un caso corriente de fraude en el impuesto de sociedades.
Recibido el documento, la fiscal Rodríguez se lo remitió al fiscal general del Estado a su cuenta personal de gmail. Así empieza la historia de aquella noche de marzo de 2024 en que, en horas nocturnas y con aire de emergencia, el fiscal general del Estado pilotó la operación 'que no nos ganen el relato', la elaboración de una nota de prensa que incluyó el entrecomillado del abogado Neira en el que éste admitía la comisión de dos delitos fiscales.
La nota se iba a difundir la mañana siguiente. Pero esa noche algunos medios ya dieron cuenta de la existencia del correo del abogado y su contenido. La nota no podía incurrir en revelación de secreto si el secreto ya había sido difundido por la prensa. El documento como tal, en rigor, no vio la luz hasta la mañana siguiente en el digital El Plural, dirigido por Angélica Rubio, hoy consejera de RTVE a propuesta del PSOE, que lo publicó justo a tiempo para que Juan Lobato pudiera exhibirlo en el Parlamento autonómico madrileño alegando que él no difundía un documento confidencial sino la captura de una página web, tal como le confirmó la jefa de gabinete de Óscar López, enterada de que el documento íntegro había llegado a algunos medios. 'Lo tienen los medios'.
Esta es la sinopsis de un caso que aún no tiene desenlace pero del que sí se sabe cómo será recibido ese desenlace entre las hinchadas. Si ganamos, se hace justicia; si perdemos, nos han robado el partido. Ya este fin de semana se han publicado tribunas, de la hinchada gubernamental, advirtiendo al Supremo de que es su autoridad la que está en juego. Se entiende que la pierde si lo condenan y la mantiene si lo exoneran, resumiendo.
Si ganamos, se hace justicia; si perdemos, nos han robado el partido
Tal como ha habido dos formas de contar el caso, poniendo el foco en que el fiscal general sólo quiso refutar la intoxicación vertida por Miguel Ángel Rodríguez, o poniéndola en que sobrepasó los límites en su afán por refutarla, hay dos formas previsibles de recibir la absolución o la condena. Para la hinchada sanchista pro García Ortiz, todo lo que no sea una absolución será un solemne acto de injusticia a sabiendas, es decir, prevaricación; porque inocente, dice esta hinchada, por supuesto que es.
Para la hinchada anti García Ortiz, todo lo que no sea una condena será la comprobación de que fue el investigado, al destruir las pruebas, quien se ganó la impunidad; porque culpable, dice esta hinchada, por supuesto que era.
Para la primera hinchada, toda la causa ha sido diseñada con un único objetivo: que el fiscal general dimitiera; cuando imputado, no lo hizo, hubo que seguir adelante a ver si procesándole, caía; y tampoco. Para la segunda hinchada, toda la causa tiene una motivación justa y fundamental: el atentado sufrido por un particular en su derecho a la defensa; por eso su origen fue la denuncia del afectado, no contra García Ortiz, sino contra Julián Salto, y del Colegio de Abogados de Madrid; no era la cabeza del fiscal general la que se buscaba, dicen, sino la reparación a un presunto perjudicado.
El juez que investigó el presunto delito no encontró esto que llaman la pistola humeante, una prueba inequívoca de que García Ortiz filtró a periodistas afines el correo cuya confidencialidad estaba obligado a proteger. El tribunal valorará ahora si esa ausencia obliga a absolver al acusado o los otros indicios presentados -por la UCO- son suficientes para afirmar la culpabilidad.
Por el camino, el fiscal general se ha ido abrasando a sí mismo al evidenciar su nulo interés en facilitar el trabajo a los investigadores -el borrado de WhatsApp y gmail en cualquier otra causa sería utilizado por la fiscalía como elemento incriminatorio- y al dejarse tratar por el gobierno como si fuera un ministro más. Por el camino, la fiscalía general del Estado ha quedado descrita por la UCO como una institución que filtra selectivamente las causas a la prensa no tanto por interés informativo como por interés en provocar un efecto político.
Y por el camino se ha consumado la insólita permanencia de un procesado al frente de la fiscalía general del Estado. La enorme anomalía, que el Gobierno ha pretendido hacer pasar por normal (como de costumbre), de convertir a una persona, Álvaro García Ortiz, en indispensable e irremplazable sólo porque el Gobierno se ha tomado la causa como un pulso del Tribunal Supremo al presidente. Y es sabido que si algo no soporta el presidente Sánchez es perder un pulso, ni con el Supremo ni con nadie.
Y es sabido que si algo no soporta el presidente Sánchez es perder un pulso, ni con el Supremo ni con nadie
Mazón podrá leer en público su epílogo
A Carlos Mazón le han permitido que sea él quien se ocupe de leer en público su epílogo. Tal como ha ido el fin de semana, Mazón ya ha caído. Sólo falta que él mismo dé lectura, esta mañana, al documento de la rendición. A estas horas aún se especula con lo que anunciará: bien su dimisión inmediata (bueno, inmediata con un año de retraso); bien la convocatoria de elecciones; bien las dos cosas, primero convoco, luego dimito.
O una tercera vía, más de pastelear y entrar de nuevo en estirar la crisis: pactar con Vox un candidato para que ahora sea investido, se llame Pérez o se llame Llorca, y darse tiempo, el PP, para resolver sus pugnas internas sobre quién es mejor cartel para las próximas autonómicas, sin Mompó, presidente de la Diputación provincial -que, a diferencia de Mazón ha pisado repetidamente el barro y la comarca- o Catalá, alcaldesa de Valencia cuya candidatura autonómica abriría la carrera para reemplazarla a ella misma en la candidatura municipal. Quién decidirá el candidato, si Feijóo o el PP de la Comunidad, es un misterio. Cuándo lo decidirá, también.
Pero fuera de toda duda queda que el tiempo de Mazón terminó. Y que ahora se podrá achacar su renuncia a la reflexión que le causaron los gritos y los insultos que recibió en el funeral del miércoles. O a constatar que la indignación de las familias de los muertos, y no sólo de ellos, no ha escampado -cómo iba a hacerlo-.
O a percibir que la investigación judicial se le va acercando peligrosamente, con expectación disparada esta misma mañana ante la declaración en el juzgado de Maribel Vilaplana. Se podrán elegir, o forzar, los argumentos que se deseen -supongo que en Génova ya están con el argumentario preparado-.
Lo cierto es que la dirección nacional del PP -y el PP de la Comunidad Valenciana- cometieron un tremendo error de cálculo.
- Al pensar que la rabia de las primeras semanas se iría evaporando.
- Al pensar que podrían empatar el partido de la opinión pública señalando a Teresa Ribera como negligente ---quién se acuerda ya de Teresa Ribera---.
- Al pensar que repitiendo a todas horas la palabra reconstrucción y nombrándole a Mazón un teniente general tras el que poder escudarse conseguirían apuntalar su figura.
- Al pensar que la aprobación de los Presupuestos con Vox garantizaba la estabilidad de un gobierno averiado por arriba.
- Al pensar que la primera versión que dio Mazón de su minuto a minuto el día de la riada iba a ser la definitiva e iba a poder exonerarle.
- Al pensar que aplaudirle y abrazarle en cada acto de partido y cada cumbre de dirigentes regionales iba a servir para ayudarle a superar la crisis cuando para lo único que sirvió fue para arrastrar a todo el partido en su naufragio.
- Y al pensar, en fin, que sacando de quicio una frase de Sánchez -si necesitan más medios, que los pidan- lograrían hacer olvidar que la tremenda negligencia del presidente valenciano fue la misma el día de la riada y los días que la siguieron: ni alcanzó a medir la gravedad de lo que estaba sucediendo la tarde del veintinueve de octubre, ni alcanzó a medirla cuando, a la mañana siguiente, teniendo ya delante la dimensión de la catástrofe, fue incapaz de ponerse a disposición del gobierno central para que fuera él quien asumiera la dirección del rescate; el gobierno central que era quien conocía todos los recursos públicos y privados del país que podían movilizarse y era quien tenía en su mano movilizarlos de urgencia -o de declaración de emergencia- sin esperar a que nadie se lo pidiera.
La negligencia reincidente de Mazón perjudicó a sus gobernados y diluyó el peso de la responsabilidad, culpable y nunca admitida, del Gobierno de España. Visto lo visto, el error no fue sólo consentir a Mazón, sostenerle. El error fue hacer presidente de la Comunidad Valenciana a alguien que nunca tuvo ni capacidad ni condiciones para serlo.
