Este pasado lunes los sindicatos y el Ministerio de Función Pública, tras horas de reunión, consiguieron pactar un acuerdo histórico con el objetivo de reducir la interinidad de los trabajadores de la Administración Pública. Así, el ministro Miquel Iceta, de aquí al año 2024, se ha comprometido a que 300.000 de esas plazas sean objeto de concurso, con la intención de estabilizar estos puestos de trabajo y huir de la temporalidad abusiva.
Para conocer más sobre este acuerdo y las dificultades a tener en cuenta a la hora de aplicarlo, hablamos con Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que nos habla de el hito que se ha alcanzado con la firma de este pacto y qué puede suponer para las administraciones españolas.
Un paseo adelante para acabar con temporalidad de los interinos
Borra explica que el abuso de la temporalidad es algo que llevan denunciando desde hace 13 o 14 años, pues es un problema que venía derivado de las tasas de reposición. "No se cubrían las plazas a través de las ofertas de empleo público y, al final, se ha hecho una bola que afecta a cientos de miles de personas y a las diferentes administraciones afectadas", detalla. Además, asegura que este acuerdo va a ser complicado aplicarlo por la complejidad de las diferentes administraciones que engloban España, aunque cree que "puede dar soluciones a cientos de miles de personas" aplicando las sentencias de la Unión Europea y la legislación española. "Hemos conseguido dar un paso adelante para acabar con esta precariedad", reitera.
La complejidad de aplicar el acuerdo en todas las administraciones españolas
Sobre la complejidad de este acuerdo, el presidente del CSIF ha recordado que las casuísticas que hay dentro del personal interino son muy variadas y que este es un pacto que tendrá que desarrollarse a nivel nacional, en todas las administraciones, en todas las comunidades y en todos los ayuntamientos, por lo que esto dificulta su puesta en marcha. Sin embargo, ha insistido en que van a colaborar para que "estos procesos de estabilización permitan que las personas consigan ese puesto de trabajo".
También habla de las posibles medidas para facilitar la reducción de la interinidad, comentando que aquellas administraciones que no saquen las ofertas de empleo público van a tener sanciones y que el personal interino que no consiga estabilizar su puesto de trabajo va a tener una compensación económica, vinculada a lo que ocurre en el terreno de la empresa privada con los despidos. Además, señala la intención de que, de cara a unas futuras oposiciones, cambie la metodología y aboga por pruebas no eliminatorias, por reducir el número de exámenes y por adecuar estas prueba al trabajo al que se van a presentar.
Un máximo histórico en número de trabajadores públicos
Respecto al aumento de los trabajadores públicos durante la pandemia –superan ya los más de dos millones, un máximo histórico–, el presidente de este sindicato dice que espacios como sanidad, educación o servicios sociosanitarios están en puntas de nivel de empleo porque se han visto tensionados por el coronavirus y que ese número se irá reduciendo. Asimismo, ha recordado que todavía hay procesos de estabilización abiertos de los que se firmaron con el Partido Popular en el año 2017 y 2018 que permitirán dar estabilidad a más de los 300.000 pactados con el Gobierno de coalición. Aún así, explica, las administraciones tienen que mantener un cupo de trabajo temporal para contratos de verano o sustituciones por bajas.
