La jueza de Catarroja emitió un auto en su investigación por la gestión política de la DANA el pasado 29 de octubre y decidió imputar a Salomé Pradas, entonces consellera de Interior de la Generalitat y máxima responsable del CECOPI junto a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias.
Descarta, como pedían los denunciantes, llamar a declarar a Carlos Mazón como investigado. Sin embargo, da la oportunidad al President de que se persone de forma voluntaria, pero Mazón, de momento, guarda silencio.
La jueza ha inadmitido a trámite la querella presentada contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y otros cuatro cargos de la CHJ, ante la "inexistencia de indicios" contra ellos.
"Por fin se imputa a dos personas"
El abogado de la Asociación de Damnificados por la Dana de L’Horta Sud de Valencia, Gonzalo León, ha asegurado en 'Más de uno' que la valoración del auto de la jueza de Catarroja es "positiva" porque por fin se imputa a dos personas, pero a la vez están algo descontentos porque ha dejado fuera a los famosos "técnicos" de los que tanto se habla.
La Asociación de Damnificados Horta Sud en su denuncia señalaba como responsables a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano de Mazón, y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo.
El abogado de las víctimas opina que cuatro personas que esos días tenían responsabilidades no están "imputados", pero aun así se muestra satisfecho con las dos imputaciones porque cree que la jueza llamará al resto como testigos y tendrán la obligación de decir la verdad.
Apunta a la Confederación Hidrográfica del Júcar
"La Confederación Hidrográfica del Júcar, y por tanto, el presidente de la CHJ, es quien tiene los datos de los caudales y lo cierto es que no se facilitaron esos datos", dice el abogado. "Contaba con información y no la utilizó bien", ha explicado.
Dice que la información de la situación del barranco del Poyo o no se transmitió o no se transmitió con la suficiente importancia.
Insiste en que esa información se tenía y tenía que haber sido razón para convocar al CECOPI no a las 17:00 horas, sino a las 13:00 horas.