Seis de los once magistrados del Tribunal Constitucional votaron a favor de declarar inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia en marzo del 2020. La sentencia del Constitucional sostiene que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma.
La seguridad jurídica que aporta la sentencia
Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos y abogado del Estado, sostiene que la cuestión jurídica de fondo siempre fue, desde el comienzo de las prórrogas del estado de alarma, protagonista de diferentes discusiones sobre si era necesario el estado de alarma o el de excepción. Con esta diferencia de opiniones entre los juristas, Bal pone de manifiesto la complejidad de esta sentencia de Tribunal Constitucional. "Lo importante de esta sentencia es la seguridad jurídicaque aporta para el futuro", sostiene, puesto que el Gobierno sabrá cómo debe actuar si se repite una situación similar.
En el primer confinamiento, la mayoría de partidos del Congreso de los Diputados votaban a favor de que se prorrogase el estado de alarma para mantener el confinamiento como medida primordial para frenar los contagios. Sin embargo, con esta sentencia "el Tribunal Constitucional no niega que hubiera que tomar medidas a favor de la salud de los ciudadanos", sino que se decanta por un sistema con mayores garantías jurídicas, como es el estado de excepción.
"El PSOE se negó a cambiar la ley para no enfadar a sus socios independentistas"
Durante aquella época, Edmundo Bal negociaba directamente con Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en aquel momento, la prórroga de los estados de alarma. El portavoz de Ciudadanos asegura que en todas las conversaciones que mantuvo con Calvo le advirtió de la urgencia de cambiar la Ley Orgánica4/1981 de los estados de alarma, excepción y de sitio. Sin embargo, esta reforma daría más poder al Estado sobre las comunidades autónomas, y, por tanto, la negativa del Gobierno a reformar la ley radica en su intención de no enfadar a"sus socios separatistas y nacionalistas".
La cuestión jurídica de fondo se basa "en lo mal que esta la ley", explica Bal. La Ley Orgánica 4/1981 sostiene que, si hay una epidemia, el Gobierno puede declarar el estado de alarma, pero en caso de decretar el confinamiento, aunque se trate en un contexto de epidemia, habría que declarar el estado de excepción. Por este motivo, el portavoz de Ciudadanos manifiesta: "Le pedí constantemente a Carmen Calvo que cambiásemos la ley, pero el PSOE se negaba en rotundo con tal de no enfadar a sus socios separatistas y nacionalistas".
