Rafa Latorre conversa en La Brújula con Félix Ovejero a propósito de su nuevo ensayo, "La invención del agravio", un libro que, según su propia tesis, no necesita sinopsis: parte de la idea de que el agravio es el combustible del nacionalismo y que, sin ese sentimiento de ofensa permanente, no habría ni victimismo territorial ni "conflicto" que gestionar.
El autor sostiene que España ha comprado un relato falso según el cual existe una diversidad "excepcional" mal reconocida y una injusticia histórica a reparar, y que esa lectura ha servido para justificar privilegios, desigualdades y una degradación de la democracia. Frente a la creencia de que el problema es territorial y se resuelve con más cesiones, Ovejero insiste en que el auténtico problema es el propio nacionalismo, y que la salida pasa por desactivarlo política e intelectualmente, no por seguir alimentando su lógica.
"Hemos comprado una mentira fundante"
Latorre sitúa la conversación en plena polémica por la reclamación del Gobierno vasco de una cesión temporal del "Guernica" para reparar un supuesto agravio histórico, un ejemplo reciente, dice, de cómo el agravio comparece de manera recurrente en el debate público. Ovejero toma el hilo para subrayar que ese relato es de "perpetua actualidad": podría reaparecer “mañana, a propósito de cualquier cosa de la Liga de fútbol”, porque "son unos perpetuos ofendidos".
En su opinión, el verdadero problema no es la queja nacionalista en sí, sino que "hemos comprado los demás ese relato", una "mentira fundante" según la cual en España pesa una injusticia ancestral que hay que reparar y cuyo precio fijan, además, los propios nacionalistas.
El autor aplica ahí la tesis central del libro: "el problema es el nacionalismo y ese es el que hay que enfocar". Sostiene que se ha construido una ficción en virtud de la cual España sería una “estructura totalitaria” que ahoga a unas supuestas naciones genuinamente democráticas, y que la conclusión implícita de esa narrativa es que "para solventar los problemas de España hay que desmontar España".
Lo más inquietante, añade, es que incluso los llamados constitucionalistas han acabado presos de esa lógica al dar por hecho que el Estado autonómico era la solución a un problema territorial, cuando, a su juicio, lo ha ahondado.
La diversidad y la Constitución: "El Estado de las autonomías ha ahondado el problema"
A partir de ahí, Latorre conduce la conversación hacia la Constitución, el artículo 155 y el Título VIII, donde se consagran las llamadas nacionalidades históricas, como el lugar donde se ancla buena parte del relato dominante. Ovejero responde que la tesis sobre una supuesta pluralidad "excepcional" de España es, empíricamente, falsa: recuerda estudios que comparan la probabilidad de encontrar hablantes con lengua materna distinta de la común en países como Francia, Alemania, Italia o España, y según los cuales esa diversidad es menor aquí que en cualquiera de esos casos.
Para él, la "diversidad" se ha transformado, además, en un mecanismo de discriminación: hoy un español no puede acceder a muchas posiciones laborales en parte de su país porque no domina una lengua irrelevante para la tarea, mientras que otros con menos competencia pero con determinados apellidos sí lo hacen.
Ovejero vincula directamente esta deriva con el diseño institucional del Estado autonómico. Sostiene que el sistema, lejos de corregir injusticias, ha creado incentivos para las desigualdades territoriales y el deterioro democrático, al convertir la identidad nacionalista en palanca de poder y de veto en la política estatal. A su entender, la política española contemporánea se ha edificado sobre la ficción de que España es una anomalía antidemocrática que ha oprimido a naciones como Cataluña o el País Vasco, y buena parte de la crisis actual nace de haber aceptado esa premisa como punto de partida.
La izquierda como "cooperador necesario"
Uno de los momentos más personales de la entrevista llega cuando Latorre le pregunta cómo se explica que todo este entramado se presente como una causa progresista. Ovejero, que reivindica su procedencia de la tradición de izquierdas, admite que es "la parte más dolorosa" para él: "la izquierda ha sido quien ha sancionado y ha contribuido a normalizar" la descripción nacionalista al convertirla en moneda de circulación moralmente legítima.
Atribuye ese papel a varias razones, entre ellas el prestigio adquirido por su resistencia a la dictadura y el peso de ciertos sectores –como los "pijos" de los comunistas catalanes– que inocularon ese relato en una España "acomplejada".
En paralelo, critica a una derecha "torpón" y sin fibra ideológica que no ha dado la batalla de las ideas, salvo en versiones "ancestrales" y, además, sin convicción cuando ha gobernado en comunidades con singularidades lingüísticas. El resultado, afirma, es un ecosistema donde el nacionalismo ha conseguido que su lenguaje y sus categorías –agravio, pueblo, nación oprimida– se conviertan en parte del sentido común, también entre aquellos que deberían combatirlo.
Del "agravio" al poder: Guernica, pacto fiscal y 155
Latorre recupera entonces el caso del Guernica para ilustrar otro patrón: cómo a criterios técnicos se les oponen sistemáticamente criterios políticos revestidos de agravio. Recuerda que lo mismo ocurrió cuando Artur Mas acudió a La Moncloa a reclamar un pacto fiscal: Mariano Rajoy le esgrimió razones técnicas –"no se puede"– y se topó con el "muro del agravio", que hace imposible la conversación.
Ovejero coincide en que aquel episodio condensa bien lo que intenta explicar: se planteó una disyuntiva en la que el pacto fiscal se presentaba como una estación intermedia hacia la independencia, "la independencia en dosis", y además bajo la presunción de que España no es una democracia plena, como si el presidente fuera un monarca absoluto y Cataluña un virreinato con el que el Estado pudiera negociar de igual a igual.
Esa lógica, insiste, conduce a excluir de facto a millones de ciudadanos del ejercicio de sus derechos dentro de su propio país, porque levantar una frontera implica privar a una parte de los españoles de acceder a la condición normal de ciudadano. Latorre enlaza este diagnóstico con un concepto clave del libro: el tránsito desde la "dramática ruptura cuántica" de 2017 al "llevadero vaciamiento tanconllevado", un apaciguamiento basado no en el cumplimiento estricto de la ley, sino en ir vaciando de contenido el marco constitucional para acomodar la agenda nacionalista.
"No estamos mejor que en 2017"
Sobre ese aparente apaciguamiento, Ovejero discrepa abiertamente de quienes sostienen que ahora "estamos mejor". Enumera tres razones por las que el clima parece más tranquilo: una "fatiga de materiales" que impide sostener un fervor activista permanente; el descubrimiento, en 2017, de que existe el imperio de la ley –el artículo 155– y que los actos políticos tienen consecuencias; y, sobre todo, que "han ido conquistando lentamente lo que reclamaban en su momento", pero "en dosis". Es decir, que buena parte de lo que entonces se intentó lograr por la vía de los hechos se está obteniendo ahora mediante acuerdos políticos.
La comparación con el País Vasco le sirve para advertir del riesgo de normalizar esa evolución. Recuerda que hoy "quien señorea el espacio político" en Euskadi son los herederos de ETA, y que, lejos de volver discretamente a sus casas tras la cárcel, son ellos quienes están en condiciones de "imponer la descripción política".
Mientras tanto, aquellos constitucionalistas de PSOE y PP que se jugaron la vida en los pueblos se ven obligados a pasar discretamente por las calles, porque el poder institucional y simbólico ha cambiado de manos. Para Ovejero, lo que se ha normalizado no es la convivencia democrática, sino una intimidación difusa que se traduciría en episodios cotidianos de señalamiento y auto-censura en Cataluña y el País Vasco.
Discriminación, racismo de fondo e intimidación cotidiana
En este punto, el ensayista sostiene que en el trasfondo del nacionalismo catalán existe un "fondo racista". Cita una investigación internacional realizada por un sociólogo, en la que se enviaron currículums idénticos para optar a puestos laborales en Cataluña, con el mismo nivel de catalán –el estándar de la Pompeu Fabra– y todos nacidos en Barcelona, pero con apellidos distintos: unos "García, Pérez, Martínez" y otros típicamente catalanes.
Pese a que los apellidos españoles entre comillas son estadísticamente los más comunes en Cataluña, esos candidatos fueron tratados "como si fueran unos extranjeros"; ya no se trataba sólo de un criterio lingüístico, sino étnico-racial, concluye.
Ovejero añade ejemplos recientes de intimidación: actos cívicos en defensa de quienes han sido discriminados por no usar el catalán que no llegan ni a celebrarse porque los propios afectados piden que no se hable de su caso por miedo a represalias. A su juicio, esa atmósfera de miedo y conformismo es "la situación cotidiana que se vive en Cataluña" y forma parte de una patología política que se ha normalizado. En esa medida, afirma, si en una parte del país no hay libertad plena, "no lo somos en ninguna parte", porque la ciudadanía es un estatus que debería ser indivisible.
El vaciamiento, Sánchez y "lo que venga después"
La conversación gira entonces hacia la coyuntura actual: la financiación autonómica, los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez y la amnistía. Latorre apunta que el agravio sigue ahí, aunque latente, mientras se cumple la agenda nacionalista desde La Moncloa: el actual presidente puede indultar porque antes ha habido condena, puede ofrecer "apaciguamiento", pero quien llegue después no tendrá nada que ofrecer que satisfaga al nacionalismo salvo "una cosa".
Ovejero confiesa tener "muy escasa confianza" en los que lleguen –da por hecho que será el Partido Popular– y se conforma con un "virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos".
Sin embargo, insiste en que lo que habría que hacer es "desandar el camino" y dar de frente la batalla contra el nacionalismo. Rechaza que se hable de los nacionalistas como "Cataluña", porque al hacerlo se les convierte en portavoces de todos, y reivindica la necesidad de actuar sobre tres variables de la política: intereses, argumentos y emociones.
Cita como ejemplo trabajos que desmontan las falacias de las balanzas fiscales, la importancia de cohesionar emociones cívicas compartidas –desde el miedo hasta la alegría por una victoria deportiva– y de diseñar instituciones que impidan que fuerzas nacionalistas se conviertan en árbitros permanentes del poder gracias a su posición en el Congreso.
"Hemos normalizado las patologías políticas"
En el tramo final, Latorre rescata una frase del libro que, según él, resume el espíritu de la época: "En España hemos normalizado las patologías políticas. Estamos en un delirante guion según el cual las leyes se redactan de acuerdo con los delincuentes, otorgando licencias para el delito, una impunidad compatible con la tranquilidad callejera. Nada nuevo: donde manda la mafia reina la paz".
Ovejero aplica esta lógica directamente a la amnistía, que califica como una "amnistía pactada con los amnistiados", una forma de negociar las normas con quienes las han vulnerado.
El ensayista sostiene que allí donde no impera la ley aparecen las mafias que imponen su propia "tranquilidad", y advierte del riesgo de extender esa forma de hacer política a otros ámbitos, como si las leyes sobre violación se redactaran "con los violadores". El resultado, ironiza, es que cuando se rebajan las penas o se cambian los tipos, el delito desaparece de las estadísticas, aunque no de la realidad. En esa deriva ubica la actual amnistía y, en general, la tendencia a tratar de resolver las tensiones políticas no mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, sino mediante la adaptación del propio derecho a las demandas de quienes lo desafiaron.
Al despedirse, Latorre agradece a Félix Ovejero su presencia en La Brújula y recuerda los "tiempos radiofónicos" que comparten, mientras el invitado, entre bromas, se permite desear suerte a los madridistas. Un cierre distendido tras una conversación en la que Ovejero ha defendido, con la contundencia que caracteriza sus ensayos, que la verdadera enfermedad de la democracia española es la normalización del nacionalismo como si fuera una causa progresista.
