Quizás el verdadero problema sea que es tal la acumulación de acontecimiento, que todo esto sea inabordable, porque apenas se ha expresado la rebelión de las autonomías del régimen común al privilegio fiscal en Cataluña. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con el lehendakari Pradales para extender otros cheques a cuenta del Estado. Se trata de otra de esas transacciones largamente demandadas por el nacionalismo y con las que el PSOE prometió que jamás cedería.
Lo que hoy negocian presidente y lehendakari es el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco. Sánchez y Pradales pactan el primer bloque de la gestión vasca de las prestaciones. Otro paso más hacia una realidad confederal que ni está en la Constitución ni se va a desplegar mediante una reforma constitucional.
Sólo un día después de oficializar el privilegio fiscal de Cataluña, contra el que se han revuelto sin excepción todas las comunidades del régimen común. Hoy desde luego suena más inverosímil que nunca la declaración pronunciada por Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros.
Ley de amnistía y financiación singular de Cataluña
Si es la desigualdad, la institucionalización de la desigualdad lo único que mantiene en pie este gobierno. Lo único. Y la primera piedra de este mandato fue la ley de la amnistía, de la cual llegan noticias desde Bruselas.
Las comunidades autónomas del PP, algunos ayuntamientos como el de Valencia e incluso la dirección nacional del partido estudian ya la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad contra la "financiación singular" de Cataluña. Nada más melancólico que esto. Tal y como ha demostrado el debate exprés sobre la constitucionalidad de la amnistía. Que el Gobierno lo considere necesario es fuente de jurisprudencia constitucional.
La prueba viva es el debate exprés sobre la amnistía. Más grave que la ley misma es que una transacción semejante ha sido bendecida por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, que es la pieza institucional fundamental para avanzar hacia una mutación constitucional sin necesidad de reforma.
Hoy la amnistía ha vuelto a ser cuestionada por la Comisión Europea, que ha argumentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión que se trata de una autoamnistía, por el fin espurio que ha guiado su redacción y su aprobación.
"No parece que la Ley Orgánica de Amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", ha afirmado el representante de la Comisión, Carlos Urraca. Esta es la segunda ocasión en que la Comisión Europea se expresa en términos semejantes acerca de la ley fundacional del segundo mandato de Pedro Sánchez.
En la confianza de que el ministro de Interior ya haya regresado de Wimbledon y tenga algo de tiempo y ganas para ocuparse de los graves sucesos contra el orden público en Torre Pacheco, hoy el presidente de Murcia se ha dirigido a Grande-Marlaska.
Caos en Torre Pacheco
Lo que está ocurriendo en Torre Pacheco ya nada tiene que ver ni con la paliza que sufrió uno de sus vecinos, cuyos presuntos agresores han sido detenidos, ni con nada relativo a su sociología. Esto ya es el campo de batalla de grupos ultras que acuden para provocar el caos e ir a la caza de inmigrantes o de vecinos que parezcan inmigrantes. Y eso no se puede disfrazar con coartadas sociológicas. Destrozar el negocio, un restaurante, de una persona sobre la que solo recae la sospecha de ser marroquí, no es ninguna forma de resistencia. Es un asalto violento, un acto de cobardía, un atentado racista y debe cesar antes de que ocurra una desgracia, que es lo que se está convocando cuando se organizan estas batidas parapoliciales.
Y no hay duda de que hay un partido que solo pretende atizar la alarma social, como es Vox. Para ver si así vive su primavera murciana. Pero también es en estas ocasiones donde se percibe esa insana autosatisfacción del Gobierno, a ver si consigue que de esto salga damnificado el PP cuando ha condenado los ataques desde el primer instante. Hoy querido enviar un mensaje al respecto el propio Alberto Núñez Feijóo.
Respecto a Torre Pacheco, se trata de una localidad que vive de la agricultura intensiva, que es una actividad que emplea sobre todo a mano de obra inmigrante, que es la que acude a las ofertas de empleo y sin la cual sencillamente no funciona su industria. Eso ha provocado un crecimiento enorme de la población inmigrante que se sitúa en el 30%, porque no se trata de campañas estacionales, sino de una industria fija que hace que sus trabajadores se conviertan en vecinos. ¿Eso crea problemas? Sí, sobre todo con la segunda generación y tercera generación, que paradójicamente ya tiene la nacionalidad española, y además porque una parte muy considerable son de religión musulmana y costumbre e idioma ajeno, lo que inevitablemente produce en los vecinos un extrañamiento.
Negar esto sería tan estúpido como los propios discursos de odio que se escuchan estos días. Digamos que tiene el mismo resultado o que la ingenuidad es el mejor aliado del odio. Probablemente, no haya una distancia tal entre el discurso público, no sólo de la política, sino también de los medios, y la percepción ciudadana, como se da con la inmigración.
Pero esto ya nada tiene que ver con esto, porque al calor de la alarma social, Torre Pacheco se ha convertido en un teatro del caos, donde lo que se pretende es atizar una suerte de revolución social, como suele ocurrir, cargada de insidias y de pura estigmatización colectiva.
Un elemento perfectamente integrado de la sociedad, una persona que tiene su negocio, su kebab… le entran en su establecimiento y le destrozan el local. ¿Cuál es el efecto? Sería un milagro si eso no provoca que una persona que vive de su esfuerzo acumule un rencor difícil de curar.
Hoy hay una marcha no autorizada que ha sido convocada a través de las redes sociales. Estaba prevista para esta hora en Torre Pacheco con la idea clara de que se extienda a otras localidades. Hoy un representante de la Jupol, el sindicato policial, Ibon Domínguez, hablaba del despliegue policial previsto y de las carencias con las que el ministro de Interior obliga a las Fuerzas de Seguridad a enfrentarse a este grave problema de orden público.
