Amnistía asegura: se vulneraron derechos humanos en las residencias y pide "recursos, porque los problemas no están resueltos"

Alrededor del 70% de las muertes durante la pandemia ocurrieron en residencias de ancianos. "La decisión insólita, ineficaz y discriminatoria de no atender individualmente a los ancianos, prohibir que fueran a los hospitales y no atenderlos en las residencias, provocó miles de muertos", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España en Julia en la Onda. La organización ha publicado un informe en el que analiza cómo se gestionó la crisis del COVID-19 en los peores meses de la pandemia en las autonomías de Madrid y Cataluña.

¿Quiénes son los responsables de las decisiones que se llevaron a cabo en la gestión de las residencias? "Desde luego los dos gobiernos autonómicos, los de Madrid y Cataluña; el riesgo continúa aunque la gestión haya mejorado y se hagan test a residentes y sanitarios y se esté derivando a gente a los hospitales, porque los protocolos y prácticas permanecen vigentes, no está asegurado que puedan ir los familiares y no hay más recursos. El Gobierno central también es responsables porque las indicaciones que dio fueron imposibles de seguir", explica Beltrán.

"Son responsables los Gobiernos autonómicos y también el central, porque las indicaciones que dio fueron imposibles de seguir"

"¿Qué pasó con las inspecciones de las residencias? Hay una fiscalía que se encarga de vigilar a las personas mayores y discapacidades. Falló la vigilancia...", insiste. Beltrán sostiene que independientemente del caos que generó la pandemia, se tomaron decisiones claramente "discriminatorias".

UNA "DÉCADA PERDIDA"

Según Beltrán, en España el número de profesionales sanitarios es igual que en 2009. "La decisión más urgente que debemos tomar es que cualquier persona que se enferma recibe una atención individualizada, independientemente de su edad y sus dolencias, e individualmente se decide si va a un hospital o se queda en una residencia. Hay que eliminar la parte de los protocolos que hace discriminatorio que puedan ir al hospital. A largo plazo hace falta una ley estatal que asegure los derechos humanos de las personas que viven en residencias de todo el Estado y que acabemos con esta fragmentación", reflexiona el director de Amnistía Internacional de España.

Hemos mejorado con respecto al principio de la pandemia, "porque el personal de residencia ya no tiene que vestirse con bolsas de basura" pero "todavía no han cambiado los protocolos de que cuando la situación empeore pueden no derivarlos a un hospital", insiste Beltrán sobre este polémico punto. "Tampoco ha habido más recursos y no está garantizada la visitas de familiares que hacen que el aislamiento y la soledad continúe", incide. Beltrán lamenta que todavía exista un "riesgo real" en las residencias de ancianos.