El Gobierno español ha endurecido su postura frente a la gestación subrogada con una nueva instrucción del Ministerio de Justicia que impide registrar directamente en el Registro Civil a menores nacidos por esta práctica en el extranjero. La medida, que se publicará en el BOE, responde al objetivo de cerrar los resquicios legales que permitían, hasta ahora, inscribir a estos niños con base en resoluciones judiciales extranjeras.
¿Qué es la gestación subrogada?
La gestación subrogada, también conocida como “vientre de alquiler”, es una práctica por la cual una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja, generalmente mediante un contrato. Aunque está prohibida en España desde 2006, cada año decenas de españoles recurren a esta vía en países donde es legal, como Estados Unidos o Ucrania.
Con la nueva normativa, ya no será suficiente presentar una sentencia extranjera para registrar al menor como hijo en España. A partir de ahora, los progenitores deberán demostrar un vínculo biológico mediante prueba genética o iniciar un proceso de adopción, siempre que se garantice un entorno familiar adecuado. Esta instrucción deroga las directrices de 2010 y 2019 y se alinea con la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024, que consideró esta práctica contraria al orden público por cosificar a mujeres y tratar a los niños como mercancías.
El cambio normativo se enmarca en un contexto internacional de creciente rechazo a la subrogación. En marzo de 2023, más de 100 expertos de 75 países firmaron la Declaración de Casablanca para pedir su abolición universal. Según sus impulsores, la subrogación instrumentaliza el cuerpo femenino, explota a mujeres vulnerables y pone en riesgo a los menores. A pesar de su legalización en pocos países, la práctica se expande a través de agencias que operan en un mercado global sin apenas controles.
España se suma así a la tendencia de otros países europeos como Alemania o Italia, donde la subrogación también es ilegal. El Ejecutivo busca con esta medida proteger los derechos fundamentales y frenar un negocio que, según denuncia la Declaración de Casablanca, convierte el deseo legítimo de ser padres en un motor de explotación.
