La crisis migratoria desatada en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio ha abierto una profunda brecha territorial en España. Ante el colapso de los servicios de acogida en la ciudad autónoma, el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), han diseñado un plan urgente para trasladar a la península a unas 500 niñas menores no acompañadas. Sin embargo, el llamamiento a la solidaridad interterritorial ha chocado con el rechazo frontal de buena parte de las comunidades autónomas.
Vivas ha lanzado un desesperado ruego de "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto del país, mostrándose además partidario de reformar la Ley de Extranjería para hacer vinculante la redistribución de los menores. A pesar de que desde la dirección nacional del Partido Popular aseguran que sus barones cumplirán la ley, la realidad sobre el terreno dibuja un mapa de negativas y reticencias generalizadas, fundamentadas principalmente en la saturación que ya sufren sus propios sistemas de protección a la infancia.
Una negativa casi unánime ante el colapso
El bloque del "no" está encabezado por un amplio grupo de comunidades que argumentan no disponer de más plazas. Gobiernos regionales de distinto signo político, como Madrid, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Galicia y Castilla-La Mancha, han manifestado su incapacidad para absorber a estas menores.
Sus representantes insisten en que los centros de acogida se encuentran actualmente colapsados y exigen al Ejecutivo central que asuma el control de la situación y defina cifras concretas antes de exigir cuotas.
En el caso de Cataluña, la negativa es categórica y se carga duramente contra la gestión del Estado. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que su comunidad "no ha de cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras", criticando también la inacción de otras autonomías.
Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ido un paso más allá, cuestionando el modelo de acogida al afirmar: "Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte, por otros países, a sus niños".
Vox eleva el tono y Navarra muestra disposición
En Andalucía, aunque el presidente Juanma Moreno no se ha pronunciado de forma definitiva sobre este último reparto, sus socios de investidura han dejado clara su postura de bloqueo absoluto. Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y miembro de Vox, ha asegurado que el gobierno regional se opondrá a la acogida "por tierra, por mar y por aire", argumentando que "los problemas no se reparten, se resuelven" y que aceptar el traslado supondría "avalar y promover la siguiente invasión".
Frente a este clima de rechazo mayoritario, el Gobierno central solo encuentra respaldo claro en casos aislados como el de Navarra. La consejera de Derechos Sociales de la comunidad foral, Carmen Maeztu, ha confirmado su apoyo al mecanismo de reparto, reiterando su compromiso con "una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas".
Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja a contrarreloj buscando fórmulas alternativas, como derivar la guarda de las menores a ONG especializadas para eludir el rechazo autonómico, a la espera de la próxima Conferencia Sectorial del 27 de agosto.
