El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la legalidad de sus negocios con la empresa de asistencia sanitaria privada Grupo Quirón en su declaración como imputado por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal distintos a los investigados en la causa principal en los juzgados de Madrid.
Según ha sabido Onda Cero, González Amador, que no ha hecho declaración alguna a su salida, ha declarado durante más de dos horas en Plaza de castilla y conforme a fuentes jurídicas, ha negado que la compra de una empresa de estética fuera una comisión encubierta. Por otro lado, justifica el valor en la red de la distribución de la sociedad y defiende que la inspección fiscal nunca le preguntó por este tema.
En su manifestación el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha detallado y documentado todos los ingresos procedentes del grupo, incluida la compra de la empresa Círculo de Belleza a la mujer del presidente de Quirón Prevención por cerca de 500.000 euros, para justificar la legalidad de todo el proceso.
La citación de la pareja de la política del PP se produjo después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara esta investigación solicitada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid. González Amador compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada Inmaculada Iglesias como investigado en la pieza principal, aunque este se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera.
Los jueces estimaron que resultaba "procedente" la tramitación del proceso para esclarecer si los hechos ajenos a la causa principal pueden ser constitutivos de infracción penal.
"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalaron los jueces.
Iglesias acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento primero por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" de la empresa de asistencia sanitaria, que debían haber sido declarados. En aquel momento, la magistrada estimó un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por la acusación popular.
Nuevos delitos
La causa separada investiga posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L. mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L. --empresa de Alberto González Amador-- y su cliente Quirón Prevención S.L.".
La resolución analizó "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal", como apunta la Fiscalía, o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L. en ese momento propiedad de la mujer del presidente de la compañía sanitaria.
Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".
