Un juez de California ha bloqueado la orden procedente del gabinete de Donald Trump de despedir a los empleados en periodo de pruebas pertenecientes a la administración pública.
El magistrado ha dictado que estos despidos podrían ser ilegales, al no contar la Oficia de Administración de Personal con las competencias para ejercer estos ceses. "No tiene autoridad alguna para contratar y despedir empleados en otras agencias, tiene autoridad para contratar y despedir a sus empleados" dice el juez.
Con esta orden judicial, el magistrado William Alsup fija que la OPM (siglas en inglés de la Oficina de Administración de Personal) no tiene potestad para despedir a los miles de empleados temporales que la administración de la Casa Blanca quería utilizar como método de reducción de costes.
La OPM justifica su postura
Ante este revés judicial que ha supuesto el bloqueo de los miles de despidos, la OPM ha asegurado que la administración Trump no ordenó los despidos, sino que recomendó su ejecución.
Además, aseguran que los empleados temporales no tiene su puesto de trabajo asegurado, por lo que sí podrían ser susceptibles de que se prescindiese de ellos, en lugar de otros profesionales con mayor rendimiento.
Un encargo personal del Presidente a Musk
El anuncio de los despidos de empleados federales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue encargado personalmente a uno de los nuevos hombres fuertes de su gabinete, el magnate tecnológico Elon Musk.
Una de las medidas que el propietario de X, Space X y Tesla planteó para agilizar los ceses fue mandar un cuestionario a los trabajadores públicos estadounidenses en el que se les solicitaba información sobre sus funciones laborales. Responder erróneamente o no hacerlo podía ser motivo de despido para miles de personas.
Miles de afectados pendientes
Los despidos ordenados por la nueva administración estadounidense han sido una de las prioridades impulsadas por el presidente Trump.
Aunque su oleada de ceses va dirigida a empleados federales con poco tiempo trabajando, generalmente en periodos de uno o dos años, también ha alcanzado a trabajadores con más experiencia o que han conseguido un ascenso rápido.
Se calcula que en torno a 200.000 empleados públicos se encuentran en esta situación de periodo de prueba, por lo que podrían perder su puesto si la orden jurídica finamente no sale adelante.
