Al menos 104 personas murieron y varios centenares resultaron heridas después de que las fuerzas de seguridad de Etiopía utilizaran munición real para dispersar manifestaciones contra el Gobierno en varias partes del país durante el fin de semana, denunció Amnistía Internacional.
En Oromia, la mayor región de Etiopía, al menos 67 personas murieron y varios cientos fueron detenidas durante las protestas, mientras que en Amhara, al norte del país, al menos 30 fallecieron en la ciudad de Bahir Dar y otras siete en Gondar. "La respuesta de las fuerzas de seguridad fue contundente, pero no una sorpresa. Etiopía usa fuerza excesiva de forma sistemática en sus equivocados intentos de silenciar a cualquier voz disidente", declaró la subdirectora para el Este de África de Amnistía, Michelle Kagari.
Decenas de miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades de Oromia durante el fin de semana para mostrar su descontento por las continuas detenciones y abusos contra opositores, activistas y políticos que apoyan la causa independentista oromo. Las concentraciones se convocaron de forma espontánea en las redes sociales y lograron tal apoyo que la Policía decidió utilizar gas lacrimógeno y cargó contra los manifestantes con munición real, lo que generó una nueva ola de protestas.
En Bahir Dar y Gondar, los amhara, la segunda mayor etnia del país tras los oromo, salieron a las calles para pedir reformas políticas y en el poder judicial después de años de marginación y persecución por parte del Gobierno de Adis Abeba. Ante el aumento de la tensión, el Gobierno etíope decidió interrumpir las comunicaciones y cortó el acceso a las principales redes sociales y servicios de mensajería, que todavía hoy funcionan de forma errática.
Los oromo llevan meses protestando por lo que consideran una persecución injustificada por parte de las autoridades etíopes y hasta el momento ha habido más de 400 muertos desde el inicio de las manifestaciones, según estimaciones de Human Rights Watch (HRW). Las protestas se originaron a principios de diciembre tras la aprobación de un plan urbanístico para expandir Adis Abeba, lo que podía poner en peligro las tierras de cultivo de los oromo, un pueblo tradicionalmente agrícola y seminómada, aunque finalmente el Gobierno decidió retirarlo.
Las autoridades etíopes han asegurado en diversas ocasiones que los manifestantes tienen una "conexión directa" con grupos terroristas extranjeros, en alusión al Frente de Liberación oromo (OLF, en inglés), un movimiento separatista que lleva décadas luchando por la independencia de Oromia.
El Gobierno etíope detiene de forma periódica a intelectuales y figuras prominentes entre los oromo porque teme que su influencia política puede animar a la población a revelarse contra la administración. Protestas similares se registraron en abril de 2014, cuando también se produjeron muertes, heridos y detenciones masivas de manifestantes. La ley Antiterrorista etíope permite a las autoridades utilizar un ilimitado uso de la fuerza contra los sospechosos de actos terroristas, incluyendo prisión preventiva de hasta cuatro meses, en los que a menudo se producen torturas.
