TfL ha decidido no renovar a la compañía multinacional su licencia, que expiraba el 30 de septiembre, al concluir que "no reúne los requisitos" necesarios para operar en la ciudad, debido a cuestiones de "seguridad ciudadana". El regulador cuestiona los controles que Uber, gestionada a través de una aplicación telefónica, hace a sus conductores así como su actitud ante posibles delitos graves.
El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, respaldó la decisión de TfL, organismo que preside, y declaró que "estaría mal seguir emitiendo una licencia a Uber si esto puede suponer un riesgo para la seguridad de los londinenses". "Quiero que Londres esté al frente de la innovación y la tecnología y que sea un hogar natural para nuevas empresas que proporcionen mejores y más asequibles servicios a los londinenses", afirmó. "Pero todas las empresas deben respetar las normas y adherirse a los estándares vigentes, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los clientes", agregó.
El alcalde subrayó que "todos los servicios de alquiler privados deben respetar la normativa". El presidente de la comisión parlamentaria sobre taxis, el también laborista Wes Streeting, alabó "la valiente decisión" de TfL, y el alcalde e incidió en que la empresa ya ha sido prohibida en otras ciudades de Europa y Estados Unidos. Streeting recordó que, en el Reino Unido Uber, cuyos conductores son particulares que operan a través de su aplicación, no denunció apropiadamente presuntos delitos de violación y abuso sexual a pasajeros y ha sido, además, demandada por sus empleados por no garantizar los más básicos derechos laborales.
Por su parte, el gerente de Uber en Londres, Tom Elvidge, dijo que, al prohibir la aplicación, "TfL y el alcalde han cedido ante un pequeño número de personas que quieren restringir la oferta para el consumidor". "Si esta decisión se mantiene, dejará sin empleo a más de 40.000 conductores con licencia y privará a los londinenses de un medio de transporte cómodo y asequible", advirtió.