La prohibición francesa de las redes sociales para los menores de 15 años no entrará en vigor tal y como estaba prevista. El Consejo Constitucional ha censurado el artículo central de la ley aprobada en julio al considerar que una prohibición general de este tipo supone una limitación excesiva de la libertad de expresión y comunicación y que el texto tampoco establecía garantías suficientes para preservar la privacidad de los usuarios.
La decisión supone un revés para Emmanuel Macron, que había convertido la restricción de las redes sociales entre los menores en una de las principales medidas de su política de protección de la infancia en internet. El Parlamento francés había aprobado definitivamente la norma el 21 de julio y el Ejecutivo pretendía aplicarla a partir del comienzo del curso escolar.
El presidente, sin embargo, no ha dado por cerrada la iniciativa. Tras conocer el fallo, ha pedido al primer ministro, Sébastien Lecornu, que prepare una nueva redacción que pueda superar el examen constitucional y sea compatible con el marco jurídico europeo. Macron mantiene el objetivo de sacar adelante una nueva regulación antes de la primavera de 2027.
El Constitucional no cuestiona la protección de los menores
El Consejo Constitucional no sostiene que Francia carezca de capacidad para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Al contrario, reconoce que existe una exigencia constitucional de proteger el "interés superior del niño" y que ese objetivo puede justificar determinadas restricciones.
El problema, según los magistrados, está en cómo se diseñó la prohibición. La norma afectaba de forma indiscriminada a todos los menores de 15 años y a un amplio conjunto de servicios de comunicación en línea, sin diferenciar suficientemente entre plataformas, riesgos concretos o circunstancias personales.
El tribunal considera que esa aplicación general puede privar a los menores del acceso a servicios respecto de los cuales no se ha demostrado necesariamente que presenten los mismos riesgos para su salud o seguridad. También cuestiona que la ley no tuviera en cuenta factores como la edad concreta, el grado de madurez del menor o su situación familiar. La verda que es incréible lo que me toco los huevos. Pero una barbaridad.
La libertad de expresión, en el centro del fallo
El argumento principal del Constitucional se encuentra en el equilibrio entre la protección de los menores y las libertades fundamentales. El tribunal recuerda que la libertad de expresión y comunicación constituye una garantía esencial de una sociedad democrática. Por ello, cualquier restricción debe estar justificada y guardar una relación proporcionada con el objetivo que persigue.
En el caso francés, los magistrados concluyen que la prohibición absoluta para los menores de 15 años no supera ese examen. La medida, según su razonamiento, no distinguía suficientemente entre los distintos servicios ni entre las circunstancias de los menores afectados.
La resolución también plantea un segundo problema: la privacidad. Para hacer efectiva la prohibición, las plataformas tendrían que determinar la edad de sus usuarios, pero la ley no establecía un sistema concreto de verificación ni las suficientes garantías jurídicas sobre cómo debía realizarse ese proceso. Reuters señala que el Constitucional consideró insuficientemente definido este aspecto.
Una ley aprobada con amplio respaldo parlamentario
El texto había recibido un respaldo considerable en las dos cámaras francesas. El Senado lo aprobó por 243 votos frente a dos y la Asamblea Nacional hizo lo propio por 279 frente a 81. La intención era que la prohibición comenzara a aplicarse con el nuevo curso escolar.
La norma no establecía una lista cerrada de plataformas. Su formulación permitía incluir servicios como Instagram, TikTok o Snapchat, mientras que contemplaba excepciones para determinados servicios, entre ellos las enciclopedias en línea, plataformas de desarrollo de software libre y algunos proyectos educativos.
Esta amplitud ya había generado dudas durante la tramitación parlamentaria. La legislación europea y, en particular, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), también condicionaban la capacidad de Francia para imponer determinadas obligaciones a las grandes plataformas tecnológicas.
Francia vuelve a plantear el debate sobre la edad digital
El conflicto francés se enmarca en un debate internacional sobre hasta qué edad deberían poder acceder los menores a las redes sociales y quién debe asumir la responsabilidad de controlar ese acceso.
Australia ha adoptado una de las restricciones más estrictas, mientras otros países han estudiado fórmulas de consentimiento parental, límites de edad o sistemas de verificación. La iniciativa francesa pretendía situar al país entre los principales impulsores europeos de una regulación específica para los menores.
Macron ha defendido que la responsabilidad debe recaer principalmente sobre las plataformas y ha promovido también la búsqueda de sistemas europeos de verificación de edad. En abril, el presidente francés reunió a varios dirigentes europeos y a la presidenta de la Comisión Europea para abordar la creación de una edad mínima común y herramientas de identificación digital.
El debate, por tanto, no se limita a decidir si los menores de 15 años pueden utilizar TikTok, Instagram u otras redes. También plantea una cuestión más amplia: cómo proteger a los menores de los riesgos asociados a determinadas plataformas sin establecer controles que afecten a la privacidad o restrinjan de manera excesiva derechos fundamentales.
Macron mantiene el objetivo para antes de 2027
El fallo obliga ahora al Gobierno francés a replantear el mecanismo elegido. El Elíseo ha asegurado que la decisión no modifica la voluntad política de proteger a los menores y que Macron quiere que una nueva regulación esté aprobada antes de que termine su mandato, en mayo de 2027.
La incógnita será ahora cómo conseguir una norma que alcance ese objetivo sin repetir los problemas señalados por el Constitucional. Francia deberá encontrar un equilibrio entre la protección de los menores, la libertad de comunicación y las garantías de privacidad, además de encajar cualquier nuevo sistema de control de edad con las reglas europeas.
La prohibición aprobada en julio queda así anulada en su elemento fundamental, pero el debate político sobre la edad mínima para utilizar redes sociales apenas cambia de escenario: pasa ahora del Parlamento al diseño de una nueva ley.
