En la presentación de su informe de conclusiones ante el Tribunal Supremo, los abogados de Vox han acusado a los dirigentes independentistas sentados en el banquillo de pretender ultimar "el más sofisticado y novedoso proceso golpista contra un Estado de derecho" y los ha enmarcado en una organización criminal para la rebelión.
"No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia con unas penas que sean acordes a la gravedad de los delitos que están siendo enjuiciados, los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional, el delito de rebelión", ha advertido el abogado y diputado de Vox Javier Ortega Smith.
Su compañero Pedro Fernández, también diputado, ha rechazado que se pueda equiparar lo ocurrido en Cataluña con cualquier situación de violencia registrada en el pasado y ha criticado con dureza a los "acusados golpistas" por dividir a la sociedad entre catalanes de primera y de segunda sin respetar las reglas del juego de la democracia que como cargos públicos estaban obligados a respetar.
Los abogados de Vox han elogiado la "heroica" labor realizada por guardias civiles y policías en defensa de la legalidad, el papel del rey en defensa de la unidad de España y el trabajo y la "valentía" de jueces y fiscales ya fallecidos en el inicio de la investigación judicial del "procés", entre ellos el que fuese fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Ortega Smith ha justificado su acusación de organización criminal y ha considerado que los acusados cumplen todos los requisitos: una agrupación de personas, de manera temporal o indefinida, concertada o coordinada, con un reparto de funciones y una jerarquía y con la finalidad de cometer delitos graves, como era "romper la Constitución, el Estatuto de Cataluña y, en definitiva, la unidad de la nación española".
Hubo, según Vox, una estrategia legal, orgánica, de comunicación y económica con participación del ejecutivo, el legislativo y organizaciones sociales para atentar contra las instituciones.
Ha defendido así que se castigue a los procesados por el delito de rebelión, que supone atentar contra las propias instituciones, y no por el de sedición, que implica sólo atentar contra el normal funcionamiento de esas instituciones