Este viernes se celebra la Conferencia de Presidentes en Barcelona a la que finalmente sí acudirán los barones del PP después de que el Gobierno aceptara incluir sus propuestas en el orden del día. Son muchos los contenidos a discutir, reconoce el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en las últimas horas ha enviado una carta a los presidentes autonómicos avanzando algunas medidas relacionadas con el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Lo más destacado de este es el pacto para elevar a 7.000 millones de euros la inversión en vivienda pública, lo que significaría triplicarla; vincular la partida al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública; y crear una base de datos pública que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad.
Sánchez ha explicado a los presidentes autonómicos que en el último Plan Estatal, vigente hasta el próximo 31 de diciembre, las administraciones destinaron 2.300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler.
De cara al próximo, que se espera que tenga vigencia entre 2026 y 2030, el Gobierno pide aumentar esa cantidad hasta casi 7.000 millones, de los que el Ejecutivo se compromete a aportar un 60% (4.000) siempre que los ejecutivos autonómicos asuman más corresponsabilidad y aporten, al menos, 2.700 millones.
Esto supondría que las comunidades autónomas aportaran un porcentaje mayor al que aportan en el actual, en el que el Gobierno central pone el 75% de los fondos y las autonomías el 25% restante.
Vivienda protegida para siempre
Otra de las propuestas que incluye Sánchez en su carta a los barones autonómicos es la de vincular la inversión al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública.
Lo que el Ejecutivo pretende es que las viviendas que se van a construir o rehabilitar con los recursos públicos contenidos en este nuevo plan mantengan su calificación de protegidas para siempre, tanto si son para alquiler como si se venden.
Y es que el presidente ha lamentado que la gran mayoría de las 2,4 millones de viviendas protegidas construidas en los últimos 45 años fueran objeto de especulación y los fondos buitre de inversión.
Para ello, las comunidades que permiten descalificar la vivienda protegida tras un periodo determinado para su venta en el mercado libre no tendrán que hacer cambios normativos para acogerse al nuevo plan, sino simplemente mantener la condición de vivienda protegida de las que se construyan con esos fondos públicos.
Mejorar la información
Sánchez también propone en su escrito la creación de una base de datos pública que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra, venta o alquiler en su ciudad para acabar así con el monopolio de la información que tienen los portales privados.
El Ejecutivo considera que las comunidades autónomas tienen información muy valiosa para analizar mejor el mercado de la vivienda, como pueden ser los registros de las fianzas de alquiler. Y es que los registros oficiales a los que accede el Gobierno tienen una base tributaria y tiene un decalaje de hasta dos años, lo que pone trabas al mejor análisis de la información.
De este modo, el Gobierno cree que si se pusieran en común todos los datos de las autonomías, País Vasco y Navarra y el Estado se haría un control mucho más efectivo del mercado de la vivienda y no se dependería de la información que aportan portales como Idealista o Fotocasa.
