Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El TSJC da 2 meses al Govern para aplicar el 25% de castellano en los colegios

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado un plazo de dos meses a la Generalitat para aplicarla.

EFE | Redacción

Madrid / Barcelona | 21.01.2022 13:13

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la rueda de prensa
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la rueda de prensa | Agencia EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da 10 días al Govern para responder a la resolución e indicar el órgano responsable de su cumplimiento. En esta resolución, que puede ser recurrida en el plazo de 5 días, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo. El propio TSJC ha aclarado, sin embargo, que una vez la sentencia es firme, la parte demandada, en este caso la Generalitat, tiene dos meses para ejecutarla, tal y como establece el artículo 104 de la Ley Contenciosa Administrativa.

¿Qué dice la sentencia?

La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña, aunque el Govern ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística. el TSJC emplaza a la Generalitat a llevar a "puro y debido efecto" la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica "lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". Además, pide al Govern que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán.

La sentencia también ordena a la Generalitat a garantizar que esta lengua sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley el 2% de escuelas. En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.

El TSJC llegó a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Educación le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18 % en la educación primaria, del 19 % en secundaria y del 26 % en bachillerato.

La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña

La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.

También ha afirmado que el Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que hace unas semanas fue el centro de una polémica lingüística.

En una atención a los medios de comunicación, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha asegurado que la resolución "no cambia nada" y ha reiterado su voluntad de desplegar "un nuevo marco normativo para actualizar y reafirmar el modelo lingüístico". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha dejado claro que "el catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco".

Por su parte, Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña ha afirmado que está preparada para conseguir por fin la aplicación de la sentencia del 25% de castellano. Su portavoz, Ana Losada, ha advertido que, cuando acabe el plazo dado a la Generalitat para aplicar la sentencia, "intervendrá como parte afectada para comunicar un eventual incumplimiento de la sentencia y pedir la ejecución".

En el ámbito político, Ciudadanos ha apelado a funcionarios y cargos políticos a cumplir con la sentencia del TSJC.